De los mil 995 menores que, de abril a la fecha, han sido separados de su familia al cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, sólo el uno por ciento, esto es 21 niños, son mexicanos, aseguró Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.
En conferencia de prensa, Videgaray dijo que la política antiinmigrante de Estados Unidos es cruel e inhumana y pidió al gobierno norteamericano detener su política de “tolerancia cero”.
“Quiero a nombre del pueblo y el gobierno de México expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana”, dijo Videgaray.
“Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos, al más alto nivel, para que reconsideren esta política y se dé prioridad al bienestar y a los derechos de las niñas y los niños con independencia de su nacionalidad o su situación migratoria”, añadió el canciller.
Señaló que de los 21 menores mexicanos, la mayoría ya fueron repatriados y siete permanecen en albergues.
La mayoría de los menores separados de sus padres en Estados Unidos, dijo Videgaray, son de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Es un hecho que la inmensa mayoría de los niños que atraviesan esta dramática e injustificada situación no son mexicanos; sin embargo, el Gobierno mexicano no puede permanecer indiferente ante una situación de esta naturaleza.
“Aunque no se trate de niños mexicanos, tenemos una responsabilidad moral y también constitucional, en virtud de que el respeto y la protección de los derechos humanos son uno de los principios de la política exterior consagrados en el Artículo 89 de nuestra Constitución”, dijo.
El Gobierno de México, abundó, no tiene facultades para ofrecer protección consular a los niños que no son mexicanos, pero sí tiene capacidad institucional y la voluntad para apoyar a los gobiernos y pueblos de Honduras, El Salvador y Guatemala para enfrentar esta situación.
Enfatizó que México en ningún momento promueve la migración ilegal, pero tampoco puede permanecer indiferente ante un hecho que representa una violación a los derechos humanos y que promueve situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, algunos incluso con discapacidad.
Tal es el caso de una niña mexicana de diez años de edad, de quien no dio más detalles, por respeto a su integridad, en la que la SRE ha puesto particular atención.
“Fue separada junto con su hermano, que se encuentra en un albergue en McAllen; es una niña mexicana que tiene Síndrome de Down y que la semana pasada fue separada de su madre, quien fue enviada a un centro de detención en Brownsville.
“El padre de la niña vive en los Estados Unidos, tiene carácter de residente, y está nuestro consulado en McAllen haciendo las gestiones para que sea la niña unificada con su padre, quien tiene carácter de residente legal; este caso en particular lo hemos hecho notar con las autoridades norteamericanas al más alto nivel”, dijo Videgaray.
Destacó que ante la antiinmigrante “tolerancia cero” adoptada desde abril por Estados Unidos, la Red Consular de México ha visitado los albergues, ha entrevistado e identificado a los niños y se ha puesto en contacto con los familiares y en la mayoría de los casos se ha logrado la repatriación a México, la cual ocurre conforme a los convenios de repatriación ordenada, a través de la que los menores ingresan a México donde son recibidos por el DIF en el puerto de entrada, así como por familiares que han sido previamente contactados por la cancillería.
Refirió que expresó de manera formal la posición de México al gobierno de Estados Unidos.
“El día de ayer (lunes) por la noche tuve una conversación telefónica con la Secretaría de Seguridad Interior Kirstjen Nielsen), y el día de hoy (martes) por la mañana tuve una llamada telefónica con el Secretario de Estado de los Estados Unidos (Mike Pompeo), a quienes expresé la posición del Gobierno mexicano.
“Asimismo, por conducto de nuestra embajada en Washington, hemos entregado al Gobierno de los Estados Unidos una nota (diplomática) para que sea a su vez entregada a las áreas correspondientes, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Salud, en el que expresamos con claridad, primero, nuestro rechazo, nuestra condena a esta política”, refirió Luis Videgaray.
El canciller exhortó al gobierno norteamericano a que haya una mejor coordinación entre las distintas agencias, particularmente las que dependen del Departamento de Seguridad y de Salud, quienes administran los albergues donde están los menores, para que haya un registro concurrente de padres e hijos, porque la falta de esta ficha genera dificultades para la rápida reunificación o repatriación conjunta.
También pidió al Gobierno norteamericano permitir y facilitar la comunicación cotidiana entre los niños y sus familiares, ya que en muchos casos los padres no pueden hablar con los niños o viceversa.
Videgaray convocó a la comunidad internacional para exigir a Estados Unidos detener su política antiinmigrante de “tolerancia cero”.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales, a no permanecer indiferentes ante este hecho”, instó.
Expresó que mantiene estrecha comunicación con las cancillerías de Guatemala, Honduras y El Salvador, con las que se reunirá el próximo viernes en la Ciudad de México, donde el gobierno “habrá de prestar toda nuestra asistencia y ofrecer toda nuestra capacidad institucional, la de nuestra red consular y de la propia cancillería, para intercambiar información, establecer acciones conjuntas en los Estados Unidos y definir posiciones comunes ante los órganos multilaterales para brindar el mayor apoyo posible del Gobierno mexicano a nuestros hermanos de Centroamérica, particularmente del llamado Triángulo Norte”.
Mencionó que México ha recurrido a todos los órganos del sistema de derechos humanos de la ONU y de la Organización de Estados Americanos.
Añadió que la próxima semana se reunirá con integrantes de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y de migrantes, para determinar acciones conjuntas.
Videgaray expresó su apoyo y reconocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, quienes pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecer medidas cautelares y pedir a Estados Unidos que detenga su política antiinmigrante de “tolerancia cero”.