Admite que conseguir pruebas contra altos mandos es complejo; titular de la Función Pública confía en sistema anticorrupción
Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública (BERENICE FREGOSO. EL UNIVERSAL)
vez que los superiores siempre delegan, señaló el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Andrade Martínez expresó que por ello es importante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que involucra una serie de leyes que permitirán llevar a cabo las investigaciones necesarias para combatir el flagelo desde las esferas más altas.
Virgilio Andrade destacó que los fenómenos de corrupción se generan por incentivos a obtener rentabilidad entre lo público y lo privado y si no se cuenta con contrapesos, se cae en tendencias para abusar del cargo que se tiene.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recién ha firmado una serie de acuerdos con el sector privado para que de manera conjunta se combata la corrupción.
Los empresarios le han expresado a Virgilio Andrade la molestia que padecen para su trabajo. La mayor queja aparece en los trámites estatales y municipales.
¿Por qué firman convenios con empresarios?
—El sector privado está realizando demandas para que haya un tratamiento intenso de combate a la corrupción.
Lo hizo en distintos foros de sus propias cámaras, con sus agremiados, y la instancia de gobierno que tiene la responsabilidad de atender la agenda de combate a la corrupción, de manera directa con los empresarios, es precisamente la SFP.
La secretaría ha abierto una agenda de trabajo con los particulares; vincularemos a los ciudadanos en la medida en que vaya siendo posible, de acuerdo también con la agenda de la discusión de la reforma en el Congreso, pero el objetivo es tener una agenda de trabajo que atienda temas fundamentales de combate a la corrupción.
¿Qué molesta a los empresarios?
—Precisamente es en lo que estamos, en este tipo de foros. Se tienen hipótesis. Se comenta que a nivel local y municipal existen muchas diferencias, por ejemplo en el cobro de licencias de funcionamiento, o en los tiempos para otorgar licencias de construcción; se comenta también que a veces en las contrataciones públicas se generan espacios en donde los funcionarios públicos abren situaciones en las que pudieran pedir alguna comisión o algún cobro extra, y en ese sentido es necesario establecer elementos institucionales que eviten y que desincentiven estas prácticas, además de lo que pudiera haber en términos de castigos o de sanciones de tipo administrativo o hasta de tipo penal.
¿Hay un sector privado ya fastidiado de la corrupción?
—Preocupado por el tema y muy interesado en que haya una mejora rápida, para que los procesos en los que se involucre el sector privado sean más transparentes, y por eso es de reconocerse el papel que está jugando el sector privado, en términos de entrar en un esquema de cooperación y de señalamiento hacia lo que perciben negativo, en términos de lo que está vigente.
La corrupción va en ascenso, es más visible.
—Mientras más abierta es una sociedad y mientras más interactúa, se hacen más visibles los problemas que llevan arraigados mucho tiempo. Es el fenómeno que está pasando no solamente en la sociedad mexicana, sino en el mundo frente a este problema.
Y en ese sentido, percibimos que además de la situación permanente en señalamiento, y denuncia que existe por parte de los ciudadanos en vinculación abierta, a través de las redes sociales y de los espacios de expresión, existen también hoy elementos positivos de construcción, que se han reflejado en iniciativas ciudadanas, que incluso han llegado al Congreso y que han acelerado las discusiones en torno al aterrizaje del Sistema Nacional Anticorrupción y al mismo tiempo hemos visto cómo la ciudadanía abre, y los grupos particulares abren otro tipo de foros, de actividades y también, incluso, de indicadores para medir ciertas situaciones vinculadas con la actividad gubernamental.
¿Qué es lo que ha atorado la discusión en el Sistema Nacional Anticorrupción?
—En realidad lo que percibo es que los temas más finos en relación con las nuevas normas de combate a la corrupción, han generado espacios más reflexivos, más analíticos y más intensos, y por ende, en su debate, pero podemos acreditar, y lo pueden acreditar tanto las organizaciones de ciudadanos como los propios partidos políticos, que hay un propósito permanente de avance y de consenso.
¿Confía en que pueda salir?
—Es prácticamente un hecho que tendremos las leyes necesarias para aterrizar la reforma constitucional en estos próximos meses, incluso en una de las Cámaras en las siguientes semanas, y no hay ninguna duda, porque hay una voluntad uniforme de impulsarlo, es prioridad en la agenda legislativa, desde luego que sigue siendo una agenda enfática y primordial para los grupos ciudadanos involucrados, y por supuesto, sigue siendo para el gobierno un asunto relevante, como lo ha sido desde el principio de la administración.
¿Cree que la corrupción se acabe algún día?
—Los fenómenos de corrupción se generan por incentivos, a obtener rentabilidad de una interacción entre lo público y lo privado, o si no se tienen contrapesos, pudiere haber una tendencia a abusar del ejercicio del cargo que se tiene. Por lo tanto, frente a estos riesgos, derivados de las propias posiciones o de las percepciones que pueden tener los individuos, es necesario tener instituciones que generen los suficientes desincentivos para evitar este problema y, al mismo tiempo, los suficientes incentivos para que haya convicción de que es mejor cumplir con la norma que no hacerlo.
¿La corrupción es por un asunto cultural?
—Desde el punto de vista de la construcción de instituciones, siempre es un asunto que conlleva elementos de cultura, la cultura institucional.
¿Por qué no han caído peces gordos?
—Este es un tema recurrente, incluso en el mundo, porque la sociedad tiene como principal referente de fuerza de un Estado, frente a situaciones irregulares, que efectivamente vaya frente a quienes tienen altos cargos públicos.
En este sentido, en lo que se está trabajando, respecto a las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, es para tener procesos adecuados que generen un mejor régimen de pruebas, porque es uno de los problemas.
Segundo, en la administración las funciones se delegan y, por lo tanto, la ejecución directa tiene que ver con los funcionarios que están en la operación de tomas de decisiones.
Y dentro del Sistema Nacional Anticorrupción se debate, se discute y se trabaja en torno a un aspecto muy importante, en el que funcionarios superiores pueden estar mayormente relacionados o vinculados, que son casos de posible enriquecimiento ilícito.
Por eso ya se ha establecido en la reforma constitucional elementos para generar desincentivos, en relación con este tema.
¿No vemos peces gordos porque no hay modo de probar sus hechos?
—Existen distintas razones. Una primera razón es que efectivamente el sistema administrativo delega funciones, entonces no necesariamente una decisión tomada irregularmente fue hecha por un funcionario de nivel superior.
Una segunda, efectivamente, el sistema de probar la relación directa del funcionario superior con alguna toma de decisión irregular también requiere de fortalecimiento a nivel, particularmente de carácter penal, y por eso se discute dentro de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción esta temática.
¿Se necesita el Sistema Nacional Anticorrupción para que caigan?
—Cambiará el sistema normativo y el sistema de derecho para ir superando un sistema rígido, tanto en lo administrativo como en lo penal. En lo administrativo por la delegación de funciones y, en lo penal, por la rigurosidad de las pruebas.
Si estos temas van siendo superados hacia una nueva dimensión, que es exigida por las circunstancias, cambia entonces la percepción y la forma como en el derecho se pueden tratar estos temas y, por lo tanto, los funcionarios superiores serán susceptibles de ser más observados.
¿Cuántas investigaciones por posible conflicto de interés tienen?
—Cerca de 2 mil funcionarios manifiestan posible conflicto de interés, y frente a esa situación también se están desarrollando, de manera paulatina, métodos para evitar que ese posible conflicto de interés se actualice y se materialice en decisiones públicas específicas.