Sedatu vendió un predio de 262 hectáreas en QR en 61.4 mdp, aunque su precio estimado es de mil 239.8 mdp; la transacción ocurrió en un día.
La venta ocurrió en una operación inusitadamente expedita. El precio de la propiedad, estimado por un perito de la PGR, es de mil 239.8 millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin embargo, lo vendió en sólo 61.4 millones de pesos a una persona de nombre Vicente Francisco Cetina Novelo, quien, apenas lo adquirió, lo revendió a una inmobiliaria.
El director de Propiedad Rural de la Sedatu, Luis Bastarrachea Sosa, fue el responsable de tramitar la operación por la parte vendedora.
Tras consumar la venta y quedar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el día 19 de febrero de 2016, Cetina Novelo lo revendió a José Antonio Chapur Zahoul, empresario que pretende construir un desarrollo comercial, inmobiliario y turístico en el predio. La información de la transacción no está a disposición pública.
Documentos a los que tuvo acceso REFORMA exhiben que, de manera inusual, todos los trámites, tanto en la Sedatu como en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes de Desincorporación de Bienes (Indaabin), se realizaron en tiempo récord de tres meses.
El precio de 61 millones de pesos fue fijado en 2016 por el Indaabin, que es el organismo del Gobierno federal al que le corresponde determinar el monto de los bienes que son desincorporados.
El precio cubierto por Cetina Novelo equivale a haber pagado a 23 pesos el metro cuadrado. Sin embargo, a solicitud de un MP federal como parte de un litigio por el predio, el perito de la PGR Hipólito Luna estimó el 6 de junio que el valor comercial de la propiedad es de mil 239.8 millones de pesos, que equivalen a 472.2 pesos por metro cuadrado.
Otra irregularidad detectada es que la venta se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el 19 de febrero de 2016 a las 10:20 horas sin haberse hecho el pago de los derechos.
Compra y venta en un día
En un día, Vicente Cetina Novelo compró el predio, se hizo del título de propiedad, lo registró y formuló el anuncio de su venta a una inmobiliaria.
Todas las operaciones ocurrieron el 19 de febrero de 2016 y contaron con la extrema diligencia de Luis Armando Bastarrachea Sosa, quien entonces se desempeñaba como director de la Propiedad Rural de la Sedatu y que personalmente gestionó algunos de los trámites.
Ese día, Cetina Novelo, un ejidatario de Isla Mujeres, supuestamente recibió el título de propiedad en la Sedatu, en la Ciudad de México, viajó a Playa del Carmen, Quintana Roo, e hizo la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
La hora marcada en los trámites evidencia la premura con la que se realizaron y la presunta colusión de algunos funcionarios, pues el pago de derechos quedó registrado a las 10:56 horas, mientras que la inscripción en el registro se hizo a las 10:20 horas, es decir, media hora antes.
Bastarrachea Sosa ya había manifestado un interés especial en la operación. En esos días, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, el ex funcionario viajó a Quintana Roo a "efecto de atender atribuciones inherentes a su cargo".
El 18 de febrero de 2016, el entonces director de la Propiedad Rural se dio por notificado, por comparecencia, de la inscripción solicitada por la Sedatu al Registro Agrario Nacional (RAN) del título de propiedad, bajo el número 116016.
Al día siguiente, luego de que Cetina supuestamente había recibido el título de propiedad, había pagado los derechos y el predio había quedado inscrito, hizo un avisado de venta.
A las 13:53 horas, tres horas después de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, quedó asentado un primero aviso preventivo de acto traslativo de dominio a favor de IHC Inmobiliaria, S.A. de C.V., propiedad de José Antonio Chapur Zahoul, presentado por la Notaría 62 de Quintana Roo.
La premura con la que se cerró esa operación, que fue precedida por un proceso récord de tres meses en los que manifestó la intención de compra y se llevaron a cabo un avalúo y los distintos trámites administrativos, era evitar que los alcanzara una suspensión definitiva de un juicio de amparo, lo que consiguieron, pero no sin dejar huella de las presuntas irregularidades incurridas.