Pondremos orden en el sistema penitenciario del país. Buscaremos aprovechar todos los recursos del Estado en materia de seguridad: Marina, Ejército, distintos cuerpos policíacos, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración…
La seguridad “no será el talón de Aquiles” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró en entrevista con Crónica Alfonso Durazo Montaño.
Quien ha sido propuesto para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, independiente de Gobernación, habló sobre la Ley de Amnistía, un programa de profesionalización de policías, así como de “una redefinición de prioridades presupuestales” para mejorar sus condiciones de vida, invertir en prevención del delito, sanear el sistema penitenciario y conformar una guardia nacional, “porque actualmente vivimos una etapa de emergencia”.
“¿Perdonar a criminales? N´hombre, si los criminales están en la calle y en el gobierno, si estuvieran en la cárcel no tendríamos estos niveles de inseguridad; el problema es que los grandes capos están en el gobierno, no en vano tenemos en el país 99 por ciento de impunidad. ¿Cuál liberar?, ¿dónde están ahora? Más bien, la meta es encerrarlos”.
Sobre el porqué la violencia no erosionará la administración lopezobradorista, argumentó: “Tranquilizar al país es responsabilidad del Estado mexicano; por la dimensión de la inseguridad ya no sólo es tarea de un poder o una estancia de gobierno, sino de los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión”.
—Tal vez en el ámbito político sus medidas de austeridad le darán aceptación, pero la violencia parece no estar en sus manos, al menos no a corto plazo —se le insistió.
—Necesitamos sumar esfuerzos, lo vamos a lograr. Meteremos orden en el gobierno y en los cuerpos de seguridad, combatiremos la corrupción a fondo, será una medida inmediata, y ese sólo hecho tendrá una incidencia muy importante en la seguridad, porque no hay en el mundo un crimen organizado o desorganizado que no vaya de la mano de la protección policial, y al mismo tiempo no hay protección policial sin el padrinazgo de un alto funcionario o político.
—¿Qué hay de las medidas a mediano y largo plazo?
—Todas las medidas se iniciarán tan pronto se tome posesión, pero algunas sí tendrán efecto hacia adelante, como el programa emergente de profesionalización y capacitación de los cuerpos de seguridad, cuyo fin es duplicar la capacidad de cuadros preparados que deberán relevar al Ejército en las tareas de la calle. Adicionalmente haremos una redefinición de prioridades presupuestales que nos permitirán reorientar el sentido del gasto y generar ahorros para destinarlos a la dignificación de las condiciones de vida de policías: sueldos, prestaciones, jubilaciones, apoyos en becas, seguros médicos y seguros de vida.
—¿Cuál es su estrategia en torno a los penales?
—También pondremos orden en el sistema penitenciario nacional.
—¿Cómo?
—Nuestro diagnóstico parte de que el 50 por ciento de los reclusorios están en manos del crimen organizado y esta dirección delincuencial se deriva de la corrupción, por eso la combatiremos de manera generalizada. El objetivo es que los directores de penales dejen de tener protección política o administrativa o bien dejen de tener por encima de ellos gente que decide sus cuotas.
—Hablas de reorientación presupuestal…
—Debe haberla, para que nos permita destinar mayores recursos hacia el combate al crimen del fuero común, que es el que más daño hace a la población: robo a casas-habitación, asalto a transeúntes, robo de vehículos, secuestro, extorsión, recursos que ahora están destinados a la persecución de los grandes capos, pero, de manera paradójica, mientras más fuerza pública se ha enviado a las calles y más dinero se ha aplicado, más ha crecido la inseguridad.
En la pasada jornada electoral, Durazo ganó una curul en el Senado por el estado de Sonora. La asumirá en tanto se aprueban reformas legales para revivir a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual presidirá.
De entrada, califica al Ejército y a la Marina como “aliados”…
“Las Fuerzas Armadas tienen sus propias responsabilidades marcadas en la Constitución, pero mientras no tengamos capacidad para relevarlos en las calles con policías profesionales, seguirán apoyando esas tareas. Hay regiones del país donde la única presencia del Estado son marinos o soldados”.
—¿Por qué no se le ha podido explicar a la ciudadanía la figura de la amnistía?
—Hay que aclarar que ha sido un error hablar de amnistía, lo correcto es una ley de amnistía; con la palabra a secas da la impresión de que es una decisión unilateral del presidente, y no: será producto de una ley, y sus términos corresponderán al Congreso, lo que el presidente hará es presentar una iniciativa y los legisladores deberán analizarla, modificarla, aprobarla o rechazarla.
—Y antes de la iniciativa, ¿qué?
—Lo que haremos es un proceso de reflexión nacional en el que participarán expertos, la propia sociedad, representantes de organismos nacionales e internacionales que han sido partícipes de procesos similares en otros países y que han dado buenos resultados. Los términos que generen consensos serán los que definan la iniciativa. Todo este proceso deberá ser avalado en sus distintas etapas y ponderaciones por las víctimas, que tendrán un papel muy importante.
—Se han referido a la guardia nacional, ¿cómo la conciben?
—Es una figura cuyo primer planteamiento data de 1842, pero toma forma legal en la Constitución de 1857; no es ocurrencia de Andrés Manuel, pues tiene un historial de casi 200 años. Lo que buscaremos será aprovechar todos los recursos del Estado en materia de seguridad: Marina, Ejército, distintos cuerpos policíacos, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración… Todas las dependencias, porque de lo contrario no tendremos capacidad para dar una respuesta adecuada.
—¿Y la prevención?
—Será el eje de nuestra estrategia. Actualmente el enfoque está basado en el uso de la fuerza policial y militar, en los recursos de carácter represivo, de tal manera que el presupuesto de seguridad tiene cero pesos destinados a prevención, el cien por ciento se va a operativos reactivos. La redefinición presupuestal nos llevará a invertir la actual correlación y destinar mayores recursos a la prevención, que contempla la atención de las causas profundas que generan inseguridad. Claro que no dejaremos la reacción en cero, es imposible y no somos ingenuos, sólo cambiaremos el porcentaje.
—¿Un 80-20?
—Vamos a ver... La fuerza pública es un recurso legítimo del Estado para combatir la inseguridad, el problema es cuando la utilizas como primer recurso y, peor aún, como el único. En el gobierno de López Obrador, siempre será el último recurso.