Propone combatir la corrupción vigilando con lupa adquisiciones mayores a mil millones de pesos. Las compras del gobierno federal son superiores a 585 mil millones de pesos: Alejandra Palacios
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica, que dirige Alejandra Palacios, no se licitan el 88% de las compras del gobierno, y ocho de cada 10 de cerca de 228 mil contratos con un valor conjunto superior a 585 mil millones de pesos fueron adjudicados de manera directa el año pasado, es decir, sin un proceso de licitación.
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica resulta que sólo el 12 por ciento de los contratos son ganados por las empresas mediante un proceso abierto de concurso pública. El 10 por ciento restante se adjudica mediante el proceso de invitación, en el cual las unidades compradoras seleccionan a cuando menos tres empresas para concursar por la licitación. La Cofece le ofrece a la nueva administración revisar con lupa las contrataciones mayores a 1,000 millones de pesos. El ente antimonopolios realizó su propuesta para evitar la corrupción en las cerca de 228,000 compras que realiza el gobierno cada año.
“Este ejercicio es la sistematización de los aprendizajes de la Comisión en estos últimos cinco años en los temas de contratación pública”, dijo la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios.
El gobierno gastó cerca de 585,000 millones de pesos en compras durante el año pasado, y la Cofece ha detectado en esas operaciones prácticas anticompetitivas que encarecen los productos que adquiere la administración federal, y que reducen la calidad de los bienes y servicios que reciben los contribuyentes.
Palacios propone que vía un decreto la Cofece pueda vigilar las licitaciones de mayor monto, con el fin de asegurar que tengan un diseño y desempeño a favor de una mayor competencia.
En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que las entidades tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad.
No obstante, se han detectado métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios, apuntó.
Asimismo, se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas; se dificulta la presentación de posturas agresivas, comentó.
“Un análisis más detallado de estas cifras muestra que buscar la mayor concurrencia y competencia no constituye la regla. Mientras mayor sea el monto de un contrato, resulta más importante que éste se adjudique por el método de licitación pública”, se lee en el documento agenda de competencia para un ejercicio integro en las contrataciones públicas, presentado este martes.
En este texto se propone que las empresas que incurran en procesos desleales de competencia, como la colusión con otros agentes económicos, no sólo deben de ser sancionadas, sino inhabilitadas para concursar en otros procesos públicos.
“Las entidades tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad”.
Alejandra Palacios, titular de la Cofece.
