-Se advierte un exceso en cuanto a sus atribuciones y competencias: ombudsman
El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Jorge Arturo Olivares Brito dijo que analizará las reformas que aprobaron los diputados locales de la Quincuagésima Tercera Legislatura Local, principalmente de aquellas que laceran a la ciudadanía para presentar las acciones de inconstitucionalidad.
Explicó que hoy en día en el caso de las “pensiones doradas” que otorgaron los legisladores a los funcionarios de primer nivel, el organismo defensor de los derechos humanos no cuenta con la legitimidad para emitir alguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, Olivares Brito aseveró que en el caso de los asuntos como la enajenación de los inmuebles que aprobaron podrían recurrir a las acciones de inconstitucionalidad, debido a que en la mayoría de los inmuebles le dieron las facultades al gobernador, Graco Ramírez para la venta de los bienes patrimoniales de los ciudadanos morelenses.
“Se advierte un exceso por parte de la actual legislatura en cuanto a sus atribuciones y competencias, basta decir que hay una serie de inmuebles que enajenaron y que desde luego la sociedad está molesta ante esta denominada ´diarrea legislativa´ que se vivió en días pasados”, reveló.
El ombudsman aseveró que las atribuciones que le otorgaron al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara para que pueda realizar los nombramientos del fiscal anticorrupción, podría ser lacerante, así como las pensiones vitalicias que ofenden y lastiman a la población que solicita una pensión, por ello, realizarán dicho análisis.
“Se advierte que son excesivas las medidas de atribución que le otorgaron al Fiscal General, la percepción social ha sido eso, además de que éste deberá de nombrar al Fiscal Anticorrupción y por ello, se desconoce si contará con la legitimación, además de que reprueba los salarios vitalicios para este tipo de funcionarios estatales”.