La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la madrugada de ayer la seguridad en la región de los Altos después de que el Consejo de Pueblos Unidos del Estado de Morelos bloquearon el lunes durante seis horas la carretera de cuota Cuautla-Ciudad de México y la federal Cuautla-Yecapixtla, en protesta por el aumento de las extorsiones, los secuestros y los asesinatos.
El ayudante de Hueyapan, José Antonio Hernández Barrios, informó que las guardias comunitarias en los pueblos de los Altos continuarán operando, debido a que los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad ya fueron rebasados por la delincuencia organizada.
Procedentes de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla y Cuautla, entre otros municipios, solicitaron que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) o la Sedena se hicieran cargo provisionalmente de la seguridad en sus localidades, ya que, aseguraron, las policías estatal y municipal ‘‘están coludidas con el crimen organizado’’.
En un pronunciamiento, los pobladores demandaron respeto a la autonomía de sus pueblos y pleno reconocimiento a sus formas de organización comunitaria, como la asamblea general y los consejos de seguridad comunitaria, así como a las autoridades locales.
Solicitaron que la Semar efectúe patrullajes y coloque puestos de control en las carreteras de la zona oriente de Morelos, particularmente en Cuautla, donde son frecuentes asaltos, extorsiones y ataques a pasajeros y choferes de transporte público.
Exigieron que se realicen operaciones permanentes en todo el estado, apegados a protocolos de derechos humanos, para la detección de armas o vehículos de dudosa procedencia, drogas o personas relacionadas con delitos.
‘‘Ante la nula respuesta de autoridades estatales y municipales, desconocemos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Exigimos la salida inmediata de los elementos del mando único de nuestras comunidades, y que policías comunitarios elegidos en asambleas populares asuman las labores de vigilancia’’, expusieron.
Demandaron acceso a las cámaras de seguridad del C-5; que las carpetas de investigación relacionadas con crimen organizado en manos de la Fiscalía General del Estado sean atraídas por la Procuraduría General de la República; además, pidieron radios de comunicación y antenas de repetición, la entrega de vehículos y presupuesto estatal para los grupos de seguridad comunitaria.
También pidieron armonizar leyes federales, estatales y municipales, e integrar usos y costumbres de sus comunidades, así como enjuiciar al gobernador Graco Ramírez y a su gabinete de seguridad.