"No ha transparentado el uso de las prerrogativas y menos la ampliación presupuestal que le entregó el Impepac"
Sectores del PRI en Morelos avalaron el retorno de Alberto Martínez González a la dirigencia estatal, aunque comentaron que esperan una explicación de Antonio Lugo Morales, ya que durante el último mes no reportó el uso de las prerrogativas de ese partido y tampoco pagó la nomina de los trabajadores. Más aún, un grupo de priistas solicitó una auditoria a la gestión del delegado, quien no ha querido dar a conocer su postura.
Al difundirse la noticia de la llegada de Alberto Martínez al comité estatal, los priistas, sobre todo en las redes sociales, destacaron que fue una gran decisión haber sacado a una persona que llegó como delegado pero que nunca supo dar unidad al priismo.
César Cruz, del Movimiento Territorial, afirmó que al salir "por la puerta de atrás", Antonio Lugo abandonó el cargo y no existe un documento donde haya una petición para ausentarse; por lo tanto, violentó los estatutos, y quien tiene el aval del CEN y del consejo político por cuatro años es el ahora dirigente estatal.
Destacó que la actual presidente, Claudia Ruiz Massieu, es una priista con gran conocimiento de ese partido, y por ello, seguramente avaló la petición de Alberto Martínez y mantener la tranquilidad en Morelos.
Sin embargo, quienes no están contentos con la salida precipitada de Antonio Lugo son los trabajadores del CDE, así como el resto de los integrantes de la estructura partidista, porque desde hace dos meses a la mayor parte se les retuvo su salario y sólo benefició a sus correligionarios. Además, no ha transparentado el uso de las prerrogativas y menos la ampliación presupuestal de 600 mil pesos que le entregó el Impepac, aseveró José Luis Salinas, miembro del comité estatal.
Salinas aseveró que desde la semana pasada diversos militantes solicitaron al CEN su intervención, a efecto de que la Contraloría General realice una auditoría completa a la secretaría de finanzas del CDE-PRI Morelos, derivado de los malos manejos por parte del delegado en funciones de presidente. De igual forma se solicitó a dicho delegado, conforme lo señalan los estatutos, convoque al consejo político estatal para efecto de que rinda cuentas del pasado proceso electoral, situación que se ha negado de forma reiterada.
El propio Salinas recordó que el Impepac emitió el acuerdo 189 /2018, en el cual se autorizó una ampliación presupuestal a todos los partidos al PRI, le tocaron 600 mil, pero no fueron reportados; además, el acuerdo señala que de esa cantidad le tocará seis por ciento a los representantes en el Consejo Electoral, pero el recurso nunca llegó.