López Obrador ha propuesto mover las dependencias federales de la Ciudad de México y repartirlas entre los 32 estados que conforman la República con el fin de mejorar la economía de las entidades. Idea que representa un reto enorme por la falta de infraestructura y por los problemas que podría traer para el personal que labora en las mismas
La Ciudad de México dejará de ser el ombligo del país.
Al menos esa es una de las promesas de campaña del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador con su proyecto de descentralizar la administración pública federal, hecho que consistiría en trasladar dependencias de la capital del país a los 32 estados de la República con el fin de mejorar la economía de las distintas regiones.
Se trata de una de las propuestas más ambiciosas y polémicas del próximo sexenio, pues aunque especialistas concuerdan que puede generar desarrollo y crecimiento en entidades que han quedado rezagadas, hay dudas y críticas respecto a cómo y con qué recursos se va a llevar a cabo este proyecto.
Otras de las interrogantes que no han sido respondidas son el impacto que tendrá esta propuesta a nivel social, demográfico, económico y urbanístico tanto en los estados donde se pretenden reubicar las secretarías, como en la Ciudad de México. Pues cientos de trabajadores y sus familias tendrían que mudarse a las nuevas sedes.
Pese a la relevancia de esta decisión, la información sobre el tema es escasa. En noviembre del año pasado, López Obrador dio a conocer que esta acción permitiría el crecimiento económico en todos los estados del país, ya que no es equitativo que la inversión pública o privada se concentre sólo en algunas zonas.
“Es acertada la descentralización del Gobierno federal para que haya crecimiento parejo en todos los estados de la República, que ya no concentremos las secretarias y las dependencias federales sólo en la CDMX, que podamos ubicarlas en los distintos estados para reactivar la economía en las distintas regiones del país”
El tres veces candidato a la presidencia también señaló que el traslado de las dependencias federales requerirá un acuerdo con los trabajadores del estado, a quienes se les otorgarán facilidades como la construcción de viviendas en las entidades donde sean reasignados a través de créditos baratos.
“Para que puedan hacer su vida en los estados, facilidades para que estudien los hijos, facilidades de vivienda, mejores condiciones laborales, nada va a ser por la fuerza, todo por la razón y por el derecho, los vamos a convencer y vamos a llevar a cabo esta descentralización que va a ayudar mucho a la vida pública del país”, dijo.
Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, ha hecho público su apoyo a esta propuesta siempre y cuando se lleve de manera ordenada y se piense en los trabajadores. No obstante, el número de los funcionarios que se trasladarán dependerá de las alternativas de vivienda que se ofrezcan, dejó en claro.
Esteban Moctezuma, quien es el futuro secretario de Educación, dijo que la SEP será la primera dependencia en descentralizarse a partir del 1 de diciembre y que el proceso será gradual
Pero no todo parece fácil. Aunque también se había anunciado que las primeras dos dependencias en ser reubicadas serían la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Turismo (Sectur), Alfonso Romo, virtual jefe de Gabinete, dijo la semana pasada que la descentralización se planea con mucho cuidado y aún no se decide si el traslado comenzará durante el primer año de gobierno.
Además ya comenzaron las primeras objeciones, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat envió una carta al virtual presidente electo el miércoles pasado donde los trabajadores reprochan no haber sido informados al respecto del proyecto de la descentralización y se oponen a él.
“Expresamos nuestro más firme y categórico rechazo a la descentralización por los indudables grados de afectación que implican para nuestros compañeros trabajadores del país, ya que se traduce en un grave perjuicio para ellos y sus familias”, señala la misiva firmada por Ignacio Ocampo, secretario ejecutivo del sindicato.
¿Misión imposible?
Trasladar las dependencias federales de la Ciudad de México a los otros 31 estados del país es una tarea titánica que puede resultar exitosa si se realiza de manera integral.
El planteamiento de Andrés Manuel López Obrador es que la capital del país deje de concentrar las dependencias federales y generar un boom económico en otras regiones de la república a raíz de que éstas sean las nuevas sedes, lo cual es considerado como una buena idea, pero falta saber qué estrategia seguirá para que se cumplan las expectativas.
Llevar a cabo el plan de descentralización propuesto por AMLO requiere de una estrategia integral que podría tomar hasta 10 años en aplicarse y que de no llevarse a cabo resultaría en un desastre
Por la magnitud, este proyecto no sólo impactará de manera económica, sino también lo hará en otros sentidos, como en el social, demográfico y urbanístico.
Sin embargo, para conocer sus alcances, el equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe de dar a conocer más sobre el proyecto y no sólo la propuesta, algo que está pendiente.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), explica que primero se debe de conocer qué tan gradual sería esta propuesta y en segundo lugar saber si existe un plan de desarrollo regional tanto para las entidades y ciudades que recibirán estas dependencias como para la Ciudad de México, que posiblemente tendrá una disminución de su actividad económica.
“Habría que ver si es toda la dependencia o si sería sólo una parte y habría que ver si detrás de esto habrá programas de desarrollo urbano e infraestructura que complementen lo ya existente en algunas entidades (…) y por otro lado cuáles serían los planes para movilizar al personal, qué facilidades se darían y evidentemente cuestiones de vivienda y de comunicaciones”, dice.
El también catedrático de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey señala que la parte positiva de esta propuesta es que si se hace de forma gradual al llevar empleo y se implementan programas de desarrollo urbano con infraestructura de comunicaciones, seguridad pública y desarrollo de vivienda, las entidades que menor crecimiento tienen y donde hay clima de inseguridad, como Tamaulipas, pueden tener resultados positivos.
“Por otro lado, evidentemente se tienen que contemplar que esto implicaría un desplazamiento de actividad productiva de la Ciudad de México a otras entidades, entonces la Ciudad de México tendría que tener un plan contingente para evitar que esta estrategia pudiera incidir negativamente sobre la parte comercial, la parte de vivienda y la parte de actividad económica”
Una de las prioridades que debe tener esta propuesta es que los trabajadores de las distintas dependencias que se prevén cambiar de lugar tengan la menor incidencia negativa, ya que toda su vida la han llevado en la Ciudad de México.
Otro de los puntos es generar un plan de movilidad, infraestructura aérea, carretera y hasta ferroviaria para conectar de manera más directa a las distintas dependencias en las entidades y ciudades.
Para el titular de IDIC, un proyecto integral que incorpore estos aspectos podría llevarse a cabo a mediano y largo plazo, que puede ir desde los 5 hasta los 10 años.
Infraestrutura, el gran reto
La descentralización que propone López Obrador, implica no sólo buena voluntad, sino suficientes recursos y sobre todo infraestructura.
Para el maestro en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad La Salle, Claudio Nieto, este proyecto que propone el gobierno de López Obrador abre la puerta a mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento, pero a nivel teórico todavía.
El primer paso para poder mover las dependencias a otros estados de la República es garantizar que éstos cuenten con las condiciones necesarias para recibir al personal sin que esto genere problemas en las entidades
“Tiene buena posibilidad, pero a la vez tiene muchos retos, que es lo que todo el mundo está criticando, pero enfocándonos a nivel urbano, el mover una dependencia de estas a otra ciudad es un buen motor de desarrollo y crecimiento, porque es una entidad que ya por sí misma y por ser del Gobierno federal trae un impacto económico muy fuerte”, dice.
Entre los desafíos de la descentralización está el desarrollo de infraestructura y edificios en las ciudades destino.
“A lo mejor el lugar a donde se planea mover una dependencia no tiene la infraestructura necesaria y se va a tener que desarrollar y esto obviamente genera un gran costo. Otro tema importante del que se está hablando mucho es de cómo se va a hacer para mover a todas esas personas que ya trabajan en esa dependencia”, señala el especialista.
En los estados donde se incorporen las dependencias además se tiene que desarrollar vivienda, así como infraestructura de servicios y hospitalaria, lo que brindará la oportunidad de crecimiento a esa región. Además no todo tendrá que ser financiado por el gobierno, sino también por el sector privado.
“El tema del desarrollo no creo que sea tanto el problema, sino el de la infraestructura, si una ciudad no tiene la suficiente infraestructura de drenaje o de agua o de electricidad, son obras que se tardan mucho tiempo en poder llevarlas a cabo”, explica.
De no tomarse en cuenta estos factores se van a crear conflictos, advierte el catedrático; la gente va a sobrepasar la capacidad de infraestructura de la ciudad y como consecuencia habrá problemas de contaminación y falta de servicios.
“En lugar de generar un buen lugar de crecimiento urbano te va a generar muchos problemas tanto de contaminación como de falta de recursos, como del tráfico y esos tipos de problemas que se crean cuando la infraestructura no es suficiente”, señala.
Nieto expone que para llevarse a cabo la descentralización primero debe de realizarse un estudio urbano, lo cual llega a tardar hasta un año y que el proyecto, realizado de manera integral, puede tardar todo el sexenio.
Entre los desafíos de la descentralización está el desarrollo de infraestructura y edificios en las ciudades destino para que estas dependencias se puedan trasladar
Pero aún hay que tomar en cuenta a los trabajadores, para quienes será difícil cambiar su vivienda, las escuelas de sus hijos –en caso de tener–, sus amigos e incluso a sus familias, señala José Fernández Santillán, profesor- investigador del Tecnológico de Monterrey.
El catedrático califica la propuesta del virtual candidato electo, Andrés Manuel López Obrador, como una ocurrencia que no tiene pies ni cabeza y por lo tanto fue anunciada de manera precipitada.
“Es viable, pero no sacando a los organismos, para eso tiene que haber equipamiento y polos de desarrollo”, dice.
Para el profesor, es difícil concretar la idea porque hay matrimonios que trabajan en dependencias federales diferentes y la descentralización podría ocasionar su separación. Además también está el tema de la inseguridad, ya que él ve difícil que funcionarios quieran irse a lugares donde uno de los principales problemas es la violencia.
Caso Inegi
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es un ejemplo de la descentralización en México.
Luego del sismo del 19 de septiembre de 1985, la dependencia vio impactada su infraestructura en el entonces Distrito Federal, por lo que fue reubicada en Aguascalientes.
Entre los objetivos que se tomaron en cuenta para su cambio estuvo garantizar la continuidad del servicio público de información, evitar aglomeraciones y congestionamientos en otra ciudad del interior de la República y contribuir al mejoramiento de vida del personal reubicado, así como contribuir a la descentralización de la vida nacional, señala el texto ‘Descentralización del Inegi: memoria de un proceso’.
Tras acordarse el número de personal que se irían al nuevo destino, como primeras medidas de apoyo se donaron más de 75 mil metros cuadrados para la construcción del edificio sede del Inegi y más de 37 hectáreas para la edificación de viviendas. El gobierno del estado también facilitó casa tipo pie de asentamiento y lotes urbanizados.
Además los gastos de traslado tanto del personal como del mobiliario corrieron a cargo del Instituto y se les otorgaron 15 días para efectuar su cambio, señala el documento. El proyecto arquitectónico de la sede concluyó en 1986 y la construcción arrancó en 1987. En 1989 el traslado fue definitivo.
La centralización en el DF
Christian Salazar, profesor de Ciencia Política de la UNAM, explica que con la Constitución de 1917 se adoptó el modelo federal norteamericano, aunque en la práctica se tenía un modelo centralizado a través de la presidencia de la República y el partido hegemónico que en ese entonces era el PRI.
“Ese sistema en la Ley tenía como base dónde se establecía o asentaban los poderes federales que era el Distrito Federal, que es un simil al distrito de Columbus en Estados Unidos, por eso era federal, porque ahí se establecían los poderes federales como lo son la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y, además, la secretarías de estado, tal y como sucede en Washington DC”, señala.
Sin embargo, la diferencia con el país vecino del norte está en que mientras allá solamente funcionaban los poderes federales, el Distrito Federal tenía como característica tener la mayor población y era el territorio con más desarrollo económico, lo que generó y reforzó el centralismo.
Anteriormente el Distrito Federal llevaba ese nombre precisamente porque ahí estaban asentados los poderes federales
“El presidente se estableció en el Distrito Federal, la región más importante de la República, esto sucedió así hasta prácticamente la transición a la democracia en México donde gradualmente el primer mandatario fue perdiendo fuerza y con ello las elecciones cobraron relevancia y desde 1989 se dio la primera gubernatura de oposición”, dice.
Además, el Distrito Federal también tuvo reformas, pues se le creó un órgano legislativo y posteriormente la figura del regente fue cambiada por la del Jefe de Gobierno en 1997, lo que provocó que se propusiera cambiar al estado 32 o como Ciudad Capital, señala el académico.
“La condición de ciudad capital permite diversificar las instituciones gubernamentales y que se puedan trasladar a otros estados, desde ese punto de vista pues se sigue una lógica congruente, ya que se cambió el sistema anterior por un sistema de ciudad capital, en ese sentido digamos no hay mayor problema y es coherente”, dice.