Cuernavaca, Mor.
Entre las primeras acciones del Congreso estatal que iniciará funciones el próximo primero de septiembre destaca derogar una serie de reformas que aprobó a última hora la legislatura saliente, entre ellas el nombramiento del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, designado por nueve años a propuesta del gobernador perredista Graco Ramírez, afirmó Cipriano Sotelo Salgado, integrante de la comisión de entrega-recepción del área jurídica.
Diputados de oposición sospechan que Uriel Carmona fue designado en febrero pasado para ‘‘cubrir las tropelías de Graco Ramírez’’ cuando deje la gubernatura.
Sotelo Salgado, encargado de los asuntos jurídicos en la comisión de enlace del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, explicó que el nuevo gobierno debe proponer al Congreso local ‘‘a un fiscal de su confianza’’ mediante una iniciativa que enviará después de asumir el cargo, el primero de octubre.
Explicó que las reformas que están en la mira del nuevo gobierno son las del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), que aumentaron el número de consejeros de tres a cinco, ‘‘porque no beneficia a los ciudadanos, pero sí a los nuevos funcionarios, con salarios de más de 80 mil pesos mensuales’’.
También se derogaría la disposición que señala que las reformas constitucionales deben ser aprobadas en los cabildos por dos tercios de los votos. Además, se buscará dar autonomía al Instituto Estatal de Mujer.
El abogado advirtió que los legisladores electos y los encargados de los asuntos jurídicos de la próxima administración revisarán ‘‘con lupa’’ las pensiones que asignaron los diputados salientes. Si no hay documentos que avalen antigüedad y legitimidad, ‘‘se echarán abajo sin mayor problema’’.
Precisó que ‘‘debemos ser prácticos y eficientes, no protagónicos con acciones que van a tardar tres, cuatro o cinco años. Las controversias son así de tardadas y los amparos también; por ello ya se platicó con los diputados entrantes sobre echar abajo esas reformas’’, concluyó.