En una maratónica sesión de más de 12 horas y en medio de reclamos de los consejeros electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 876 millones 160 mil 83.44 pesos a partidos locales y nacionales, por irregularidades en las campañas de la pasada jornada electoral, como gastos no reportados en propaganda por Internet o en vía pública; egresos e ingresos no acreditados ni comprobados; así como informes extemporáneos y multas por prorrateo indebido; siendo el PRI y Morena los que pagarán el mayor número de montos, con 21 y 16 por ciento de la suma total, respectivamente.
En una sesión en la que el plazo era la medianoche para que el TEPJF recibiera los resultados del rebase de tope en gastos de campaña para la validación de la elección presidencial, los consejeros del INE concluyeron la fiscalización de las campañas de más de 17 mil candidatos que compitieron en la jornada electoral 2017-2018.
A nivel federal, la multa que preveía a los partidos, en un inicio, de 329 millones 520 mil 638 pesos, fue reducida a 296 millones 451 mil 281.27; en tanto que a nivel local, los institutos políticos tendrán que pagar 576 millones 208 mil 802.17 pesos.
El consejero electoral Ciro Murayama indicó que se analizaron ingresos y gastos por 10 mil 500 millones que se ejercieron en campañas. Además de que se identificó a cinco candidatos con rebase de tope de gastos, pero ninguno de ellos ganó el primer lugar, por lo que no afectó el resultado de la contienda.
Los partidos con el mayor número de multa a nivel federal y local fueron: PRI, con 186 millones 70 mil pesos (21.3 por ciento del total de la sanción) y Morena, con 139 millones 557 mil pesos, es decir, 16 por ciento; el PAN, 89 millones de pesos (10.2 por ciento); PRD, 66 millones 927 mil pesos (7.7 por ciento), y PVEM, 107 millones 39 mil pesos (12.3 por ciento de las sanciones).
El PT deberá pagar 100 millones 242 mil, que representan el 11.5 por ciento; MC, 36 millones 776 mil pesos (4.2 por ciento); Nueva Alianza, 28 millones 400 mil pesos (3.3 por ciento), y Encuentro Social, 74 millones 437 mil pesos o el 8.5 por ciento.
En la sesión extraordinaria, los consejeros resolvieron, además, 435 proyectos de queja, que significaron una sanción adicional por 3.5 millones de pesos. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran gastos no reportados en propaganda por Internet y en la vía pública; egresos e ingresos no acreditados ni comprobados, así como informes extemporáneos y multas por prorrateo.
Durante la discusión, en la que la mayoría de los consejeros dijo que no quiso afectar al sistema de partidos con multas fuertes, la consejera electoral, Pamela San Martín aseguró que el INE no respetó los criterios para sancionar y perdonó mil millones de pesos, ya que las reprendas económicas debieron ser por mil 400 millones a nivel local y más de 650 millones a nivel federal.
- El Dato: Una treitena de partidos políticos locales que compitieron en los comicios del pasado 1 de julio suman, en multas, cerca más de 44 millones de pesos.
“Con los criterios que siempre ha utilizado el INE, las multas sumarían más de 2 mil millones de pesos”, declaró.
Explicó que no hubo una investigación exhaustiva sobre las irregularidades, y el INE contempla cobrar estas multas a los partidos con reducción de 25 por ciento de lo que reciben de financiamiento mensual, cuando anteriormente era de 50 por ciento. La fiscalización fue aprobada por nueve consejeros y dos que se manifestaron en contra: Pamela San Martin y Dania Ravel
A partir de ayer, los partidos políticos tienen cuatro días para impugnar estos resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Consejeros ven fiscalización incompleta
La consejera del INE, Pamela San Martín, calificó de insuficiente e incompleta la tarea de fiscalización por parte de la Unidad Técnica encargada, pese a haber contado con más recursos y personal para el proceso electoral 2017-2018.
“La magnitud de los trabajos nos evidencia que por trabajo no ha quedado, fue un análisis serio de los resultados. El INE ha desaprovechado dos facultades constitucionales, por un lado la investigación y por otro las sancionatorias.
“En vez de investigaciones robustas y homogéneas que permitan arribar a conclusiones claras sobre las denuncias presentadas, en su gran mayoría, los procedimientos y las quejas dan cuenta de un trabajo enorme del personal a cargo, pero que redunda en investigaciones insuficientes o incompletas”, señaló.
En esta idea difirió el consejero Marco Antonio Baños, al asegurar que las investigaciones en el tema de fiscalización, el INE fue igual de riguroso como en la organización de las elecciones.
“No puedo acompañar la reflexión en el sentido en que hemos sido rigurosos en unos temas y no en la fiscalización, creo que las investigaciones se han hecho en función de los elementos que se han presentado junto con las quejas”, expresó.