Ciudad de México.-Elba Esther Gordillo quedó en libertad porque un tribunal determinó que los más de mil 978 millones de pesos que le acusaron haber “lavado”, tenían un origen legal.
Además, la documentación bancaria con la que fue acusada se obtuvo sin la autorización de un juez.
Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del primer Tribunal Unitario Penal, consideró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tampoco presentó una querella o manifestó estar agraviado por algún ilícito de la docente.
Cinco años después de ser encarcelada, Gordillo venció las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada formuladas por la PGR tres meses después de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia.
Desde la madrugada de ayer, la exdirigente del SNTE, no tiene restricción para circular con libertad o hacer vida pública.
Según la sentencia de la apelación 156/2018, el magistrado Aguilar sostuvo que si el “lavado” no estaba acreditado, como consecuencia, tampoco podía sostenerse la imputación por delincuencia organizada, y por tanto, decidió desechar el proceso contra Gordillo.
“Los recursos que en la causa penal… se tildaron de ilícitos, no lo son, a virtud que los mismos fueron ejercidos de acuerdo con los lineamientos y disposiciones del estatuto del SNTE, gremio que a través de sus órganos revisores y decisorios avaló esos egresos”, dice el magistrado.
Y agrega: “la constatación de una diversidad multiplicidad de operaciones (…) con recursos económicos provenientes de cuentas bancarias del SNTE, no está referida propiamente a la constitución de una organización criminal”.
Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, al descender de un jet privado proveniente de San Diego, California.
En su momento, el entonces procurador Jesús Murillo Karam informó que, entre 2008 y 2012, se detectaron movimientos inusuales en dos de las 81 cuentas del SNTE para pagar cirugías estéticas y saldar compras en galerías de arte y tiendas departamentales de lujo, así como para liquidar tarjetas de crédito y adquirir inmuebles en California.
El 27 de febrero, el propio Peña Nieto emitió un mensaje a la nación en el que aseguró que nadie puede estar por encima de la ley.
Ayer, la procuraduría manifestó su desacuerdo con el fallo.
“La PGR respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación, aunque no la comparte”, aseveró en un comunicado.