El historial laboral de Ana Cristina Guevara Ramírez no coincide con los años contabilizados al servicio del Estado para alcanzar la jubilación con el 50% de su último salario como servidora pública.
Ana Cristina Guevara Ramírez en unas semanas tomará protesta como diputada plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), pero -al igual que en el caso de la exdirectora de recursos humanos del Poder Legislativo, Karina Arteaga Gutiérrez- hay dudas sobre cómo la futura legisladora consiguió que el Congreso la jubilara con el 50% de su último salario como servidora pública, cuando su historial laboral no empata con los años computados al servicio del estado para alcanzar el beneficio y pone en juicio la documentación aportada para conseguir la pensión.
El 14 de septiembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto de jubilación de Guevara Ramírez, quien presentó ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso varias constancias que acreditaban que comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el 15 de enero de 1995, justo el día que cumplió sus 15 años.
A esa edad, inexplicablemente, Ana Cristina simultáneamente laboraba en el ayuntamiento de la región sur y cursaba la preparatoria en el centro educativo Loyola de Cuernavaca (generación 1995-1998).
Supuestamente comenzó como auxiliar administrativo en el área de recursos de la comuna ixtleca y luego como auxiliar del área de servicios generales del ayuntamiento. Al concluir la prepa, también de manera simultánea, trabajaba en el ayuntamiento mientras estudiaba la licenciatura de derecho en el Centro de Estudios Superiores de Morelos (generación 1998-2003).
Según los documentos, la futura legisladora trabajó en Puente Ixtla del 15 de enero de 1995 al 31 agosto de 2003, es decir 9 años con 8 meses y 16 días, pero en su historial laboral oficial presentado tanto en el Congreso local como en el Gobierno de Morelos, nunca mencionó que fue empleada de ese ayuntamiento.
Pero al contrastar su currículum vitae (que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y los datos del decreto de jubilación, resulta extraordinario que en este periodo Ana Cristina no sólo trabajaba en el ayuntamiento ixtleco y estudiaba al mismo tiempo, sino que también realizaba pasantías en los despachos jurídicos Despacho Jurídico Bahena & Maxinez Asociados (1998-2002), Despacho Jurídico Villanueva y Asociados, Pasante en Materia Mercantil (2000-2001) y Despacho Jurídico Martha Alquicira (2001).
Pero otro dato que literalmente no cuadra, es que la cuasi legisladora aseguró en su historial laboral, disponible en página web del Gobierno de Morelos, que entre el 2002 y el 2003 laboró en el área jurídica del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Morelense del Sistema Estatal DIF. Es decir, que en este periodo trabajó simultáneamente en Puente de Ixtla y la dependencia estatal.
De manera intermitente, entre 2003 y 2016 colaboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca como asistente de la Regiduría de Derechos Humanos; fue asesora de control de información y coordinadora de gestión de la Secretaría de Gobierno, y coordinadora de planeación para el Desarrollo de la Secretaría de Finanzas; además fungió como secretaria particular del ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, así como auxiliar y asesora de la fracción parlamentaria de Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).
Su último cargo fue como auxiliar adscrita a la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, el cual ocupó del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.
Según el decreto de jubilación de Ana Cristina acreditó haber laborado al servicio del Estado 18 años, 5 meses y 28 días, de los cuales la mitad los habría laborado en el Ayuntamiento de Ixtla en circunstancias inverosímiles.
De acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que un trabajador pueda jubilarse, debió al menos haber laborado al servicio del estado por lo menos 18 años y obtener una pensión al 50% de su último salario.
En las últimas semanas, tras la aprobación por los diputados de varios decretos de “jubilaciones doradas” de secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios del gobierno de Morelos, organizaciones civiles y empresariales han reprochado la actuación de los legisladores y la carga que tendrá el erario.
Incluso, organizaciones como el Foro Morelense de Abogados han puesto en duda la autenticidad de la documentación presentada por algunas personas al Congreso para alcanzar la jubilación, pues como en el caso de Ana Cristina, no hay evidencias de que hayan laborado el tiempo necesario para obtener una pensión.