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Marcharán para exigir sanciones por "saqueo" de gobierno perredista

Las organizaciones calificaron como fallida la administración que inició hace más de cinco años

 

Organizaciones sociales y del magisterio anunciaron que realizarán una protesta el próximo jueves para exigir que la nueva administración en el Gobierno estatal cumpla con la promesa de campaña de enjuiciar a quienes orquestaron y ejecutaron el quebranto de Morelos. "Será una marcha de repudio del Calvario al Zócalo", expresó Nicanor Pérez del Movimiento Magisterial de Bases.

Las organizaciones calificaron como fallida la administración que inició hace más de cinco años, porque al final deja a la entidad en una decadente y aguda problemática social, donde destaca la violencia promovida incluso desde el mismo aparato gubernamental, que dejó a las ciudades y pueblos a merced del crimen, la extorsión y la impunidad.

 
 
 

"Morelos es un pueblo con hambre, y aunque irónicamente el Gobierno estatal de Graco Ramírez consiguió créditos por muchos millones de pesos, dejando hipotecado al estado con un adeudo de más de 12 mil millones de pesos, nos preguntamos: '¿Dónde se invirtió el dinero? y ¿Cuáles fueron las obras en beneficio de la población?', pero la única conclusión es que Morelos fue saqueado por el Gobierno perredista y hoy deben responder por ese saqueo", indicó.

Organizaciones como el SME, la ANUEE, la OT, Confederación de Jubilados, Movimiento Magisterial, el FAM, Morena entre otros, consideraron que es lamentable que el último tramo de la gestión la situación haya empeorado, puesto que hoy en la entidad cunde el desastre y la tragedia, pero mientras el Congreso se convierte en la cueva de ladrones. Por ello, no se puede permitir que a un mes de que concluya el Gobierno estatal, el titular se vaya de manera impune.

Por lo tanto, con la protesta del jueves 16, solicitarán que se finquen responsabilidades a las autoridades salientes y que se cumpla el compromiso del próximo mandatario estatal y de los integrantes de la LIV Legislatura de llamar a cuentas a quienes cometieron actos de corrupción en el actual mandato que concluye el 31 de septiembre.

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