La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, entre otras cosas, facultan al titular de la institución para nombrar al fiscal anticorrupción.
De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se admitió el recurso de control constitucional 65/2018, por el cual se impugnaron los artículos 32, párrafo primero 100 y 101 de la Ley Orgánica de la FGE publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5611, de fecha 11 de julio de 2018, a través del decreto 3248.
El organismo argumentó la ilegalidad de la reforma realizada por los diputados a dichos artículos, que facultan al fiscal general para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y más de 30 organizaciones de la sociedad civil.
Actualmente, en la SCJN ya se dirimen cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas con anterioridad por el organismo en contra de las reformas del Congreso local que otorgaron facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.
Previo a la admisión del recurso, el fiscal general se apresuró a ratificar como fiscal anticorrupción por un periodo más de siete años a Juan Salazar Núñez, quien ejercía el cargo desde hace tres años y su detractores criticaron su desempeño y eficiencia.