El próximo secretario federal de Seguridad Pública visitó Cuernavaca para presidir un foro de análisis; dijo que no se impondrá a nadie al gobernador electo; se le dará una lista de nombres idóneos para encabezar la Policía.
Uno de los mayores problemas en el país es “el crimen uniformado”, aseveró Alfonso Durazo Montaño -próximo secretario de seguridad federal-, al hablar de la necesidad de erradicar la corrupción en las instituciones. En su visita a Cuernavaca dejó en claro que no se impondrá al titular del área en Morelos ni en ningún estado y sólo a petición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo se propondrán algunos nombres de personas que podrían desempeñar esa función en la estrategia proyectada.
Quien será titular de seguridad en el gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo este martes en Cuernavaca para dialogar con expertos mexicanos y extranjeros -en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública- en torno a políticas relacionadas con las drogas.
Ante los especialistas expuso que debido a la multiplicidad de las causas que integran los factores de la violencia, los esfuerzos deben insertarse en un proyecto nacional que cambie aspectos básicos de la forma de vivir a nivel personal, comunitario, institucional y estructural. Las políticas de seguridad pública y gobernanza deben nutrirse con programas para el bienestar, desarrollo rural y urbano, salud y trabajo entre otras, como parte de una respuesta integral y transversal para enfrentar la problemática de violencias.
Mencionó que como nuevo método de trabajo, el presidente electo y su equipo ha decidido gobernar escuchando a la población y precisamente por ello se planteó esta reunión con los expertos en materia de salud y drogas.
“El narcotráfico amenaza nuestra seguridad y cada día cobra más vidas”, sostuvo tajante Durazo Montaño, al hablar de la importancia de dicha reunión con las personalidades más destacadas en el rubro de políticas públicas en materia de drogas, que fueron convocadas a un diálogo directo en las instalaciones del INSP con sede en esta ciudad, el cual se llevó a cabo a puertas cerradas luego de la ceremonia de apertura de los trabajos.
En entrevista, Durazo Montaño explicó que para el gobierno de AMLO el Mando Único no será una prioridad porque invade las atribuciones de los alcaldes en materia de seguridad. Sin embargo, comentó que si los presidentes municipales estuvieron anuentes a una propuesta de este tipo, estaría en su ámbito de responsabilidad decidirlo. Y es que enfatizó que el problema de la seguridad no es cuestión de quién manda, sino que se debe poner énfasis en el combate a la corrupción.
“El mayor problema en el país es el crimen uniformado, es la corrupción que permite que los policías estén al servicio del crimen organizado, por lo que la prioridad es combatir la corrupción”, expresó al reiterar que en el plan de trabajo se contempla como segundo eje la capacitación y profesionalización; el tercero es el mejoramiento de las condiciones de las y los policías, porque al mismo tiempo que se “ajustan las tuercas en materia de corrupción”, se deben generar las condiciones para que los elementos valoren su trabajo, que tengan sentido de pertenencia, que se sientan orgullosos de servir a la sociedad.
Comentó que hay diez líneas generales más en la estrategia, pero los centrales son las ya referidas y esto se aplicará en Morelos y en todo el país.
Dejó claro que la decisión de designar al secretario de seguridad pública en Morelos es del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, con quien ya ha platicado, y ha expresado que la seguridad es prioridad. “En la medida que nosotros podamos poner sobre la mesa, le ayudará a ampliar el abanico de posibles secretarios, con dos o tres nombres sobre la mesa. Si ninguno de ellos resulta, no nos vamos a molestar porque nuestro objetivo no es agandallarnos, sino colaborar porque la situación que se vive en el estado no está como para andarnos peleando”. Subrayó que no mandará “recomendado” a nadie y propondrá sólo algunos nombres de personas que deberán pasar por un proceso riguroso de certificación para que el responsable sea una persona con compromiso, que cumpla con un perfil, con capacidad, pero sobre todo honestidad.
Durazo Montaño insistió en que Morelos no escapa al diagnóstico de inseguridad que hay en todo el país (en donde se registran de 80 a 90 homicidios diariamente) y expresó que tiene claro que en Morelos hay condiciones complejas, al grado de que ha habido linchamientos y grupos comunitarios de autovigilancia, lo cual –opinó- son manifestaciones de la falta de seguridad garantizada por el Estado.
Reiteró que habrá una coordinación entre las instituciones federales y se promoverá que a nivel estatal y regional se realicen reuniones diarias similares para analizar la problemática y las acciones que se tomaron y cómo se aplicaron las indicaciones que se dieron para atender problemas específicos.
Como lo ha señalado AMLO, destacó la política de seguridad estará acompañada de programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de los jóvenes.
Respecto al actual comisionado de seguridad pública Alberto Capella Ibarra, manifestó que no ha hecho una evaluación de su desempeño, pero habría que comparar los indicadores que había antes de su nombramiento en Morelos y los que hay actualmente.
Durazo Montaño añadió que además de los foros de pacificación con las víctimas que se han realizado en varias entidades, se llevan a cabo foros temáticos con expertos como el que se desarrolló este martes en Cuernavaca. Fueron invitados 40 expertos nacionales e internacionales, entre ellos activistas que pusieron en la mesa su visión y propuestas, las cuales fueron recopiladas por relatores que luego serán analizadas y posiblemente convertidas en políticas en la próxima administración. Comentó que se analizaron temas tales como el perdón, y el de la legalización de algunos estupefacientes.
Resaltó que “no se va a imponer una postura personal” y las decisiones se definirán tomando en cuenta diferentes voces, además de los aspectos legales procesales correspondientes como las reformas que tienen que pasar por el Congreso.