El próximo gobierno mexicano tiene delineado un catálogo de acciones que emprenderá para rescatar al sector energético, entre las cuales destaca revalorar el papel de Pemex, dotándolo de plena autonomía presupuestal y de gestión, sacándola del presupuesto de egresos y volver a asignarle un mandato de seguridad energética, responsabilidad social y creación de valor, “dentro de un contrato-plan con el Estado”.
Asimismo, se busca reintegrar a la petrolera en una sola empresa y modificar su gobierno corporativo para que pueda ejercer su autonomía.
Otra de las medidas está encaminada a “reintegrar” una representación (sindical) de los trabajadores, que ahora detenta el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero electa por voto universal, secreto y directo de los mismos.
Las modificaciones prevista contemplan cambiar, 15 artículos de la Ley de Hidrocarburos: 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 28, 42, 95, 100 y 117.
Una de las modificaciones importantes está encaminada a “regular las exportaciones de los productores privados, a fin de que su producción sirva para apoyar el abasto nacional”.
Otro de los objetivos que está en evaluación para la petrolera es la recuperación del proyecto de la refinería de Tula, Hidalgo.
El papel que desempeñaría el próximo director de Pemex Exploración y Producción, una de las principales filiales de la empresa —cuya responsabilidad caería tentativamente en Fluvio Ruíz Alarcón—, sería la de “administrar inteligentemente los declinantes recursos petroleros del país”, sustentada en “suspender indefinidamente las licitaciones internacionales de contratos de exploración y explotación; revisar los procesos de adjudicación y la legalidad de los contratos otorgados, en particular, de los contratos de licencia en los que, contraviniendo a la Ley, no se solicitó un bono a la firma”.
De hecho proponen que en este tipo de contratos, el comercializador del crudo del Estado debe ser PMI (brazo comercializador de Pemex) y “establecer un precio único de venta de los hidrocarburos producidos
en México”. En este caso, los propios comisionados de la CNH han mostrado su rechazo al uso de este tipo de contrato en la petrolera.
En febrero de este año, el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Héctor Acosta Félix, había criticado los contratos que se utilizan en las rondas de licitación de campos petroleros, pues dijo que se están autorizando contratos que “abren la puerta a la corrupción, así de sencillo”, en clara referencia a los contratos de producción compartida.
Posponer alianzas. Otro de los lineamientos del sector petrolero de la próxima administración es buscar posponer las alianzas (farmouts) de Pemex hasta que sea modificado su esquema y se inscriban en un programa estratégico de largo plazo.
Una de las acciones que han quedado pendientes como parte de la reforma energética, es la indemnización a Pemex, por las inversiones hechas en todas las áreas que no retuvo tras realizarse la Ronda Cero.
Además, ampliar la inversión en exploración para obtener tasas de restitución de reservas probadas, superiores a 100%, tanto en petróleo crudo como en gas natural.
En este punto, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado la intención de aumentar en 175 mil millones pesos las inversiones para el sector en su primer año de gobierno.
Se prevé desarrollar un esfuerzo tecnológico en tres direcciones: reducción de costos de producción, mejores técnicas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos en aguas ultra profundas, para lo cual será necesario apoyar presupuestalmente al Centro de Tecnologías de Aguas Profundas del IMP.
Los esfuerzos en esa materia permitirán encaminarse a disminuir la dependencia energética, detalla el catálogo de acciones.
De entrada, prevén realizar con transparencia, las consultas públicas, libres e informadas; y establecer un sistema con mecanismos vinculantes para decidir sobre la realización de los proyectos energéticos, así como las nuevas refinerías.
Se prevé incrementar sustancialmente la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución del país, y regular las exportaciones de los productores privados, a fin de que su producción sirva también para apoyar el abasto nacional.
Los lineamientos prevén también “abandonar la Agencia Internacional de la Energía”, cuando apenas el pasado 21 de junio, la Junta de Gobierno de la agencia aprobó su integración, convirtiéndose en el miembro 30.
En cambio, sugiere explorar la posibilidad de un mayor acercamiento y mejor coordinación con la OPEP, y establecer que, en el caso del descubrimiento de eventuales yacimientos transfronterizos, Pemex sea el operador responsable del lado mexicano; quitar a los operadores petroleros, la posibilidad de establecer regiones sustraídas a la soberanía y control del Estado mexicano por lo que demanda revisar la definición jurídica de la figura de “servidumbre legal”.
A diferencia de pasadas administraciones, el próximo gobierno plantea “profundizar y coordinar todos los esfuerzos, hasta eliminar el robo y el mercado negro de petrolíferos”.