Ayer, alrededor de las 16:50, Guillermo Arroyo Cruz tomó protesta como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de un brete judicial (y político) que duró alrededor de tres años.
Luego de ese suceso, mencionó que asumirá sus funciones desde la primera hora de este 30 de agosto. Independientemente que el decreto de su nombramiento (que se dio en el 2015) estipula que su responsabilidad será por seis años, expuso que hará valer la reforma constitucional que determina que los magistrados del Poder Judicial pueden persistir hasta 20.
Cabe anotar que el Pleno del Congreso del estado tomó protesta al abogado sin haberse incluido como uno de los puntos del orden del día, por lo que puede ser susceptible de impugnaciones. Arroyo Cruz mencionó que su investidura se dio en cumplimiento estricto a la sentencia de amparo dictada por el juez octavo de distrito.
La designación no se había concretado a consecuencia de una serie de juicios de amparo “que vinieron escalonándose desde aquella época; el día de hoy ya se cumple de manera definitiva, lo que implica que mañana, a primera hora, estaremos despachando en las oficinas del TJA”.
Adujo que no hubo necesidad de ejercer presión en contra de los integrantes del parlamento número 53: “Ellos sabían que tenían un plazo perentorio ordenado por el juez federal y, en cumplimiento a ese plazo fatal, ellos deciden que se diera la toma de protesta”, acotó.
Al hacer un recuento de su cargo, expresó que, en su momento, el magistrado Orlando Aguilar Lozano entró en edad de retiro (a los 65 años), quien era el titular de la segunda sala del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo y tenía que dejar la vacante. Empero, promovió un juicio de amparo para que las autoridades federales le dieran la oportunidad de continuar desempeñándose. La justicia le negó la razón. Acto seguido, comentó que tendrá que notificarse a un juez federal que se ha cumplido con la sentencia de amparo.
Tras los seis años de su periodo, vendrá –dijo- un proceso de ratificación por ochos años más: “Eso es lo que establecía la ley de aquella época; hoy en día, los magistrados en funciones tienen una vigencia de 20 años”.
Consideró que hubo una presión para que se diera su toma de protesta, en donde las autoridades federales obligaron a los representantes populares locales a ejecutarla: “Había un plazo fatal ordenado por la propia autoridad”. En caso de que esto no se hubiera dado, se estaría en un “desacato” y, por ende, un delito en contra de la ley de amparo.