El gobierno que encabezará López Obrador ha dicho que dará gran importancia a la extracción de petróleo y gas natural, idea que se contrapone a la tendencia mundial de generar energías limpias a través de procesos renovables que no dañen el planeta
El sector energético en México está en crisis y para rescatarlo, el nuevo gobierno que dirigirá Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto construir dos nuevas refinerías y rehabilitar las seis que ya existen en el país, las cuales actualmente operan apenas al 30 por ciento de sus capacidades.
El objetivo de esta estrategia es aumentar la extracción de gas natural y de petróleo para romper con la dependencia energética de las importaciones, reactivar la producción nacional y disminuir los elevados costos de los combustibles que se han convertido en uno de los principales responsables de la elevada inflación en México.
Sin embargo, el plan que se encargará de desarrollar Rocío Nahle, a quien el tabasqueño ha propuesto como la próxima Secretaría de Energía, se contrapone a la tendencia mundial de generar energías limpias a través de procesos renovables que no dañen el ambiente y fomenten el calentamiento global.
Por ello, diversos especialistas y organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), han señalado que de llevarse acabo la propuesta del futuro presidente de México en materia energética, es fundamental regular las emisiones de metano provenientes de hidrocarburos dadas las graves repercusiones que este gas tiene sobre el aumento de la temperatura del planeta y la calidad del aire.
De acuerdo con Daniel Zavala, doctor en Ciencias del Medio Ambiente por la universidad de Texas, el metano es el componente principal del gas natural y un potente Gas de Efecto Invernadero, cuyas afectaciones para la Tierra equivalen a más de 80 veces el del bióxido de carbono.
Además, el especialista señala que el metano es el responsable del 25 por ciento del calentamiento del planeta y que México es el quinto país a nivel mundial que más contaminantes por emisiones de metano proveniente de la industria de petróleo y gas produce.
“Reducir las pérdidas de metano en la atmósfera resulta estratégico tanto para combatir el cambio climático como para mejorar la calidad del aire que respiramos”.
México ha establecido compromisos internacionales de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para combatir la destrucción del planeta.
En 2015, ante el Acuerdo Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), México se comprometió a reducir de manera no condicionada el 25 por ciento de sus emisiones de GEI para el año 2030.
De igual manera en la Octava Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada entre México, Estados Unidos y Canadá, la actual administración junto con los otros dos países, dijeron que para el 2025 reducirían sus emisiones de metano entre un 40 y 45 por ciento.
Para lograr cumplir estos objetivos en materia de medio ambiente, Carla Flores Lot, bióloga y especialista en transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental, dice que se requeriría de instalaciones de exploración y extracción de hidrocarburos con óptimo mantenimiento, así como reportes estrictos por parte de los emisores para que se tengan cálculos de cuántos contaminantes y de qué tipo se lanzan a la atmósfera en el país.
Sin embargo, lo que Carla Flores Lot plantea está muy lejos de la realidad.
El 27 de julio pasado se publicaron en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una serie de disposiciones administrativas de carácter general para la prevención y el control de las emisiones de metano del sector de hidrocarburos, las cuales obligarían a todas aquellas empresas nacionales o extranjeras a que realicen una serie de acciones para reducir las emisiones de metano e informar sobre sus actividades en esta materia.
Desafortunadamente estas regulaciones únicamente fueron puestas para su consulta y todavía no adquieren un carácter de obligatoriedad para las empresas.
“Actualmente los reportes de emisiones que elaboran los sujetos obligados se realizan de buena fe y no existen verificaciones sistemáticas por parte de las autoridades responsables que avalen los datos que se reportan ni las condiciones adecuadas en las instalaciones de las fuentes emisores, lo que impacta negativamente en la calidad del aire, la salud de las personas y la generación de emisiones que contribuyen al calentamiento global”, revela la especialista.