Rodrigo Medina de la Cruz acusó al Gobierno de Nuevo León de una persecución política y un linchamiento público contra su persona, con el propósito de generar un escándalo previo a las elecciones del domingo.

Luego de que Ernesto Canales, Fiscal Anticorrupción del Estado, anunciara el aseguramiento precautorio de las propiedades de Medina y futuras acciones legales en su contra, en un comunicado el ex Gobernador dijo tener la conciencia tranquila.

"Estamos sin duda en presencia de una persecución política, lo que se confirma con la conferencia de prensa de hoy, que se llevó a cabo casualmente en las vísperas de un proceso electoral de gran importancia para el país y en el momento en que el Gobierno del Estado enfrenta severas crisis de inseguridad y disminución de la inversión", dijo.

"Desconozco el sustento legal de las acusaciones, ya que no fui citado por el ministerio público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones, sin embargo, el día de hoy se hizo patente que su interés es el escándalo público para distraer la atención de la sociedad de los verdaderos problemas, y no el conocimiento de la verdad".

Medina de la Cruz afirmó que se defenderá ante los tribunales competentes.

"Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro de que durante mi gestión no llevé a cabo alguna conducta indebida, y para ello acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones", señaló.

Recordó que durante la campaña electoral de 2015, él y su familia fueron objeto de imputaciones "falsas" y ahora el gobierno que encabeza Jaime Rodríguez "El Bronco" ha convertido en prioridad la investigación de la pasada Administración estatal.

"A partir del cambio de Gobierno en el Estado, perseguirnos ha sido la prioridad de la administración, llegándose al extremo de crear una Subprocuraduría, cuyo único objetivo ha sido inculparnos mediante pesquisas carentes de sustento jurídico, lo que ha provocado la distracción de recursos para combatir a la verdadera delincuencia, que a partir de esta administración se ha incrementado de forma alarmante.

"Lo anterior ha sido acompañado de una amplia campaña de desprestigio en algunos medios de comunicación, provocando un linchamiento público en nuestra contra, violentando nuestros más elementales derechos humanos", afirmó.

Medina acusó al fiscal Ernesto Canales de haber expresado pronunciamientos públicos que, en su opinión, sólo evidencian parcialidad y contribuyen a un juicio extrajudicial contra su persona.

"(Sus dichos) constituyen un juicio paralelo ante la sociedad, violando nuestro derecho humano a ser tratados como inocentes durante el procedimiento, provocando un efecto corruptor en el mismo, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las cortes internacionales", puntualizó.