-Actuales legisladores locales tienen la obligación de revisar con lupa las pensiones y jubilaciones que autorizaron sus antecesores: Cipriano
-Califican también al ayuntamiento de Puente de Ixtla como el “reino” de las constancias de trabajo; pueden ser falsas
Los integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos tienen la obligación de revisar con lupa las pensiones y jubilaciones autorizadas por los diputados que salieron porque beneficiaron a sus familiares y amigos, informó Cipriano Sotelo Salgado, quien forma parte de la comisión de entrega-recepción del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque se sabe que hubo diversas anomalías y de lo que se trata es que no haya impunidad.
Sin embargo, resaltó que los legisladores podrían ser acusados incluso por la comisión de tres delitos graves, como asociación delictuosa, delincuencia organizada o pandilla.
Detalló en entrevista que esto es una evidencia de que hay elementos para proceder en contra de los integrantes de la actual legislatura en el caso de las pensiones y jubilaciones, hecho que ha desatado la inconformidad de los ciudadanos, muchos de ellos que incluso, tienen años realizando el mismo trámite sin ser tomados en cuenta para gozar de ese beneficio.
Explicó que en el caso de las jubilaciones, se tienen que justificar 18 años de trabajo para poder tramitar una jubilación al 50 por ciento, posteriormente se dan otras variaciones como la cesantía por edad avanzada, por los que todos los casos de los que se tiene conocimiento, serán revisados con lupa por los próximos diputados locales, quienes de encontrar anomalías, actuarán sin duda legalmente en contra de los legisladores salientes.
Reconoció que es el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el que se ha convertido en el reino de las constancias de trabajo, ya que casualmente, los expedientes con los que se aprobaron dichos beneficios, contaron con documentos de ese municipio, avalando años de servicio.
Cipriano Sotelo Salgado dijo que el tema delicado, y los próximos diputados tendrán que determinar si el beneficiado firmó documentos falsos, que existe una figura jurídica denominada “uso de documento falso”, y quien lo expidió “falsificación de documentos”, lo que es una evidencia que hay responsabilidad.
Detalló que la ley en la materia prohíbe la contratación de personal que ha sido jubilado por cualquier dependencia, hecho que también será analizado por la próxima legislatura, y que entre más número de personas participan en estos hechos, hay tres hechos delictivos que se califican, asociación delictuosa, delincuencia organizada o pandilla, lo que podría ocurrir en contra de estos personajes.