A ocho meses de haber dejado la administración estatal, el ex gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, junto a 10 de sus ex funcionarios, fueron notificados de un embargo precautorio de sus bienes.
Lo anterior fue anunciado por la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción de Nuevo León, como parte de un operativo denominado "Operación Tornado", en donde se investigan delitos de peculado, daño al patrimonio, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
El monto total de las presuntas irregularidades detectadas en la administración 2009 a 2015, ascendería en primera instancia a unos 3 mil 600 millones de pesos.
En rueda de prensa, Ernesto Canales Santos, subprocurador anticorrupción; Aldo Fasci Zuazua, asesor del Ejecutivo del Estado; Nora Elia Cantú, contralora general del Estado; así como Jorge Emilio Iruegas, director de la Subprocuraduría Anricorrupción, revelaron los avances de las investigaciones.
De acuerdo a lo expuesto por las autoridades, el embargo precautorio incluyó al ex tesorero, Rodolfo Gómez Acosta; al ex titular de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán; a la ex subsecretaria de Inversión Extranjera, Celina Villarreal; al ex secretario de Obras Públicas, Luis Marroquín, entre otros ex funcionarios.
Canales Santos explicó que los embargos precautorios se encuentran relacionados a la instalación de una armadora coreana en Nuevo León.
Aunque se cuestionó sobre cuántos inmuebles podrían ser asegurados, las autoridades no dieron detalles de los montos y predios.
Sin embargo, Fasci Zuazua advirtió que se detectó que el ex mandatario estatal, Medina de la Cruz, comenzó a ceder y donar su patrimonio a hermanos y amigos.
Las autoridades informaron a su vez que por irregularidades en otorgamiento de incentivos económicos y pagos irregulares a proveedores, se dictaron inhabilitaciones por 10 años a seis ex funcionarios.
Se informó además que las carpetas de investigación incluyen imputaciones a dos alcaldes en funciones, dos diputados federales, diez empresarios, dos funcionarios bancarios, familiares y socios de los ex servidores públicos.
Las presuntas irregularidades se encontraron ligadas al Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, Consejo de Administración de Sistema de Caminos, Comité Técnico FIDECITRUS, así como en la adquisición de inmuebles y en contratos con cinco constructoras en Nuevo León.
Se dio a conocer además que se solicitará una audiencia de imputación en contra de 12 ex funcionarios de la administración de la ex alcaldesa del municipio de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes.
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