El escándalo electoral en Chiapas por la presunta violencia política y de género ejercida por el PVEM y Chiapas Unido en contra de sus candidatas para que renunciaran a los cargos que obtuvieron el pasado 1 de julio llegó ayer al Congreso y recuerda el caso de las ‘juanitas’, quienes en 2009 dejaron sus responsabilidades legislativas para que fueran asumidas por sus suplentes hombres
Las renuncias manipuladas a un cargo de elección popular son consideradas una forma de violencia política.
Sin embargo, en pleno 2018 y con los principios de paridad de género en las candidaturas a nivel federal y estatal, en Chiapas se indagan casos de mujeres que ganaron un cargo público mediante la vía plurinominal y que presuntamente renunciaron por la presión de sus partidos para ser sustituidas por hombres.
Con esta acción los partidos políticos y sus integrantes simulan cumplir las normas electorales de igualdad de género.
Es decir, que el principio de paridad se cumpla a la hora de la elección, pero que en el ejercicio del cargo, sean varones los que detenten el poder, ignorando este concepto y actuando de manera hipócrita ante la ciudadanía.
De este tipo de acciones ya hay precedentes en el país. Uno de ellos ocurrió en el 2009, cuando el Congreso de la Unión se apegaría a cumplir la cuota de género.
Luego de asumir su puesto, 10 diputadas solicitaron abandonar su cargo para ser suplidas por hombres
La semana pasada Blanca Parra, quien es consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) denunció que en ese estado decenas de mujeres habían desistido de su cargo.
Las mujeres relacionadas con las presuntas renuncias manipuladas han sido nombradas “Manuelitas”, haciendo alusión al nombre del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco
De acuerdo con Parra, las renuncias posiblemente ocurrieron en medio de presiones políticas que fueron ejercidas por sus propios partidos.
En los municipios de Mapastepec y Tuxtla Chico es donde más casos se han registrado de acuerdo con información del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Chiapas y en la mayoría de las renuncias se han observado engaños para que las diputadas o regidoras electas decidan no ejercer su cargo.
El lunes, las consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel, Adriana Favela, Pamela San Martín, Claudia Zavala y el consejero José Roberto Ruiz, condenaron la posible violencia política en contra de las candidatas electas en Chiapas y confirmaron al menos 67 casos.
Lo anterior ocurrió en el conversatorio “Lucha por la defensa de la paridad” el cual se realizó en el IEPC de Chiapas.
“Se pretendía cometer un agravio en contra de las mujeres mexicanas, en particular las chiapanecas, y no vamos a permitir que los lugares que son para mujeres se asignen a hombres”
Por su parte, la consejera Favela aseveró que se necesita tipificar como un delito la violencia política en contra de las mujeres por razón de género para que sea sancionable desde el punto de vista penal y también se pueda actuar en contra de personas que generen este tipo de fenómenos.
Aun cuando el INE ha destacado la participación de las mujeres y hombres por igual en la elección del pasado 1 de julio con respecto a las candidaturas a cargos de elección popular, esto pareció desvanecerse cuando comenzó a conocerse el caso de las llamadas “Manuelitas”.
Las mujeres relacionadas con las presuntas renuncias manipuladas han sido nombradas “Manuelitas” haciendo alusión al nombre del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, luego de que se diera a conocer que estos desistimientos corresponden a integrantes de los partidos Verde Ecologista (PVEM) -al cual pertenece el mandatario estatal- y a Chiapas Unido.
De hecho, uno de los posibles beneficiados por las renuncias de mujeres electas sería Luis Humberto Morales Paniagua, quien es asistente del gobernador Velasco.
Morales Paniagua accedería a una diputación plurinominal por el PVEM debido a que dos diputadas electas de su circunscripción renunciaron, abriendo las posibilidades al ayudante del mandatario.
Por ello, la institución del tucán emitió el día de ayer un comunicado en el que condenó cualquier acto de violencia política contra las mujeres.
En el texto, el Verde Ecologista señala además que en caso de encontrar elementos que relacionen a cualquiera de sus miembros con algún tipo de presión para provocar la renuncia de chiapanecas a cargos de elección procederá con sanciones ejemplares.
Llega el arrepentimiento
Después de que órganos electorales como el INE, el OPLE y el IEPC de Chiapas ejercieron presión a los partidos políticos de las mujeres que habían presentado su renuncia, al menos siete decidieron regresar a ocupar el cargo que obtuvieron.
Lo anterior fue confirmado por la consejera Adriana Favela, quien aseguró que seis mujeres que sí asumirán su cargo son del partido Chiapas Unido del municipio de Tuxtla Chico y una más del Partido Verde del municipio de Mapastepec.
Durante el conversatorio que mantuvieron los miembros de la junta general del INE en el IEPC de Chiapas, la consejera Dania Ravel reconoció a las autoridades electorales estatales el que hayan alertado de la situación de violencia política que se suscita en el estado.
Ravel también recalcó que se debe confeccionar una propuesta para dar solución y garantizar los derechos político-electorales de las mujeres que fueron electas.
“Esto no debemos pasarlo por alto, se tienen que iniciar desde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas procedimientos sancionatorios en contra de las personas que puedan tener alguna responsabilidad”, exigió Ravel.
Por su parte, la consejera Pamela San Martín hizo hincapié en que la vulneración de los derechos políticos de las mujeres genera una gran preocupación en el INE y es por ello que los consejeros de dicho instituto se dieron cita en la entidad.
“Es lamentable que las mujeres renuncien. No renunciaron de manera voluntaria y eso no se los va a creer absolutamente nadie, y tan no lo es, que ya inclusive algunas mujeres han desistido de la renuncia. Es una situación lamentable y debemos poner algún remedio”, mencionó San Martín.
Aun cuando uno de sus colaboradores cercanos se encuentra en medio de la polémica del caso de las ‘Manuelitas’, el gobernador de Chiapas Manuel Velasco dio órdenes el sábado pasado a la Fiscalía General del Estado para que realizara la investigación de los casos sobre violencia política en contra de candidatas electas
“Condeno enérgicamente que las mujeres electas en los comicios del 1 de julio pudieran estar renunciando a sus cargos por presión o por ser víctimas de violencia política para dimitir (…)
De la misma forma instruí a la FGE para que en coordinación con la Secretaría de la Mujer brinden asistencia legal a las mujeres candidatas electas que sean víctimas de presiones o de violencia política”, se lee en una carta firmada por Velasco Coello.
Además, el lunes por la noche fue difundido un comunicado del gobierno chiapaneco en el que se anunció un paquete de iniciativas de reformas que tienen como finalidad salvaguardar los derechos políticos de la mujer ante cualquier hecho de violencia de género y evitar que se pierdan los espacios de elección popular que las mujeres han consolidado.
De acuerdo con el documento, la iniciativa busca dar nuevas herramientas a la legislación local en pro de la defensa de la participación política de las mujeres, garantizar la paridad de género y evitar actos de simulación al impedir que hombres ocupen los cargos de las candidatas electas que declinen.
“Considero que no sólo es una cuestión de legislaciones, también es una cuestión ética. Y lo digo porque el gobernador de Chiapas envió una iniciativa al Congreso local para tratar de revertir este caso de las ‘Manuelitas’, pero en esa iniciativa dice que se haga lo que el INE ya está haciendo: que verifique qué está pasando con las mujeres que están renunciando”, comenta Adriana Favela
Diversas mujeres que presuntamente se vieron obligadas a renunciar a sus cargos se echaron para atrás cuando las autoridades electorales comenzaron a investigar a los partidos que las representaron
Congreso protesta por renuncias
Con los mensajes #NoSinMujeres, #NoALasJuanitas, #NoSinLegisladoras y #EllasNoEntreganSusPuestos, diputadas federales de todos los partidos políticos se manifestaron en contra de las posibles renuncias manipuladas en Chiapas.
Las legisladoras aseguraron que con esta protesta buscan que los derechos de las candidatas electas presionadas para declinar sean defendidos y que cese la violencia política en contra de su género.
En el Senado, luego de una reunión de trabajo que mantuvo el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, se informó que no había ninguna posibilidad de que regidurías o diputaciones plurinominales sean ocupadas por hombres.
Los abusos en contra de las candidatas en Chiapas provocaron que diputadas federales y senadoras se manifestaran con pancartas en sus respectivas Cámaras
“Desafortunadamente todavía hay casos donde fórmulas completas de candidatas que tenían derecho a un cargo de representación proporcional renunciaron. Les dijeron que como habían perdido la elección ya no tenía caso que siguieran con su calidad de candidatas, pero los partidos políticos no les informaron a estas mujeres que podían acceder a sus regidurías por el principio de representación proporcional” explica la consejera Adriana Favela en relación a lo que dijo Chacón en la Cámara alta.
La violencia política en razón de género en México ocurre con actos de discriminación, agresiones o en la coerción para que las mujeres realicen actos involuntarios, como ocurre con las renuncias bajo presión.
Es por ello que autoridades electorales como el INE y el TEPJF, junto con otros órganos de gobierno como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, realizaron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Este protocolo tuvo como finalidad dar atención a los actos violentos en contra del género femenino al momento de ejercer sus derechos político-electorales ante la falta de un marco normativo y de políticas concretas en la materia.