Integrantes de la LIV Legislatura corren riesgo de ser destituidos por no emitir los nuevos decretos pensionatorios ordenados por la SCJN
Ante la posible destitución de los integrantes de la LIV Legislatura por no cumplir a sus antecesores en tiempo y forma con la sentencia de una controversia judicial, que los obliga a emitir nuevos decretos pensionatorios, el presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que cuida a detalle el tema, pues dijo que deberán pagar los platos rotos de la anterior Legislatura.
Dentro del marco de la comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud, Patricia Mora González, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) tomó un momento de su intervención para indicar que ya atienden los problemas jurídicos que dejó la LIII Legislatura; además, señaló ninguno de los diputados dejará el cargo a consecuencia de dichas cuestiones jurídicas.
A tres días de ocupar el cargo como diputados de la LIV legislatura, jubilados del Poder Judicial pidieron una audiencia con los nuevos legisladores para informarles acerca de la situación que guardaba este proceso, ya que desde hace 10 meses, 19 jubilados no habían recibido el pago de sus prestaciones por dichas controversias interpuestas por el TSJ.
Por ello, solicitaron con urgencia a los nuevos legisladores que dieran un resolución con la emisión de nuevos decretos, ya que al estar judicializados también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con términos perentorios en 44 asuntos, para los que corre plazo de 10 días improrrogables, a fin de cumplimentar la emisión de los decretos.
La Legislatura pasada no cumplió con esta obligación, y a la fecha hay 15 incidentes de incumplimiento, en los que la Presidencia del máximo órgano judicial pidió al ministro ponente presente, frente al Pleno, la resolución y que dé cumplimiento a lo dispuesto por la última parte del artículo 105 constitucional, que es la resolución de sanción para los diputados que incumplieron.
Las controversias promovidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los decretos jubilatorios de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fueron bajo el argumento de que el Legislativo habría incurrido en un exceso al aprobar jubilaciones, lo que comprometió el dinero del Tribunal.