-No debe sentirse agredida, siendo que “sólo se actuó en acatamiento de una orden”, agregó
-Culpó a sus antecesores de haber aprobado esta reforma “al vapor”, sin medir las consecuencias
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo que el Congreso acató una orden de un juez, en lo referente a la remoción de Flor Dessiré León Hernández al frente del Instituto de la Mujer (IMEM), pero no “un ataque personal”.
Señaló que “Flor Dessiré no es el Instituto de la Mujer”, sino éste es una institución; aquélla, sólo “una persona”. Mencionó que la 54 legislatura está defendiendo los intereses de ese organismo, al no asumir una conducta como los anteriores diputados, quienes se encargaron de colocar a amigos e incondicionales en posiciones determinantes de la administración pública.
Asimismo, mencionó que esto no simboliza “un ataque”, sino se van a conducir bajo la influencia de la “legalidad”. Omitió dar una declaración sobre los perfiles que debe acumular la nueva titular de esa dependencia, en tanto no se pronuncie el juez en términos definitivos.
La legisladora agregó que Dessiré no debe sentirse agredida, siendo que “sólo se actuó en acatamiento de una orden”. Culpó a sus antecesores de haber aprobado esta reforma “al vapor; rápido; de manera irresponsable, lastimando instituciones”, sin medir las consecuencias. Ahora, el plazo vence hasta el mes de noviembre próximo, para formalizar la designación de esta encomienda.
Manifestó sentirse preocupada por el nivel de asesinatos contra las féminas morelenses. Aclaró que el homicidio más reciente se trató de la presidenta de los jóvenes del Partido del Trabajo en el municipio de Jojutla. Y, en ese sentido, denunció que un sinfín de mujeres es mutilado y vejado o lo usan para el delito de la trata.
Precisó que emitirán una propuesta al gobernador entrante, para resarcir el incremento de la beligerancia en contra de los grupos más marginados; sobremanera, las mujeres.
Es preciso recordar que el nombramiento de León Hernández (activista y defensora de los derechos de la población femenina) quedó sin efecto hace dos semanas, luego de la impugnación presentada por el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes.
De esta forma, en cuanto los tiempos legales lo demanden, el Legislativo debe reponer el proceso.