Una consulta, dos opciones, muchas dudas. El futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, la mayor obra de infraestructura en la historia reciente del país, se definirá en una consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a celebrarse del 25 al 28 de octubre. En juego están miles de millones de dólares y decenas de miles de empleos, la expropiación de miles de hectáreas tras un largo y complejo conflicto agrario, la saturación del espacio aéreo de la megalópolis más poblada en América Latina, la sostenibilidad ambiental de la zona lacustre al noreste de la capital y la primera gran prueba de un Gobierno que formalmente no ha empezado.

Con la votación a dos semanas de distancia, la información cae a cuentagotas. La ciudadanía sabe que serán tres o cuatro preguntas, pero no se ha aclarado qué le van a preguntar. Se ha enterado de que la muestra incluirá 573 de los 2458 municipios del país, pero no tiene certeza si en el suyo podrá votar. Está llamada a las urnas, pero no tiene certidumbre de la decisión final porque el sondeo no tiene efectos legales ni está avalado por ninguna autoridad gubernamental.

La construcción del nuevo aeropuerto comenzó en 2014 en el lago de Texcoco, a 30 kilómetros de la capital, y está valorada en 13.300 millones de dólares. "Es para beneficio de empresas contratistas, no tengo la menor duda, quieren atracar, quieren robar", reclamó López Obrador en 2015, que justificaba su rechazo por la ubicación, el alto costo y supuestos actos de corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto al licitarlo. El político proponía que se ampliara la base militar de Santa Lucía (a 50 kilómetros de la ciudad) para que funcionara de forma simultánea con el aeropuerto Benito Juárez, actualmente en operaciones. El equipo de transición ha anunciado este jueves "una cirugía mayor" que inyectará 250 millones de dólares al aeródromo actual y al de Toluca para hacer frente a la demanda de pasajeros, sin importar el resultado de la consulta.

La polémica entró de lleno en la elección presidencial de julio pasado y provocó un enfrentamiento entre el entonces puntero en las encuestas y Carlos Slim, el hombre más rico de México, así como con la cúpula empresarial del país. López Obrador dijo en abril que el nuevo aeródromo no iba, en junio la patronal mexicana daba por hecho el sí del candidato y el pasado 17 de agosto, cuando se esperaba que se pronunciara definitivamente, delegó la decisión a la ciudadanía.

"López Obrador se dio cuenta de que esta podía ser una bandera muy útil en campaña, pero se metió en camisa de once varas, ahora la consulta le viene bien para no tener que tomar él la decisión y no tener que pagar el costo político", señala el analista Carlos Bravo Regidor. "Ahora que ya ganó, le tiene que cumplir a alguien y eso quiere decir que va a quedar mal con el resto", agrega. "No parece que sea solo una salida política, al contrario, López Obrador se está tomando en serio esto y refrenda el compromiso hecho en campaña de escuchar a la gente", rebate Antonio Martínez, activista y asesor del nuevo Gobierno.

Santa Lucía fue defendida como una opción más barata, pero su viabilidad ha sido cuestionada porque la operación simultánea con el actual aeropuerto generaría riesgos y retrasos, según la corporación MITRE. Otro estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional citado por el nuevo Gobierno dice que sí es viable. La cancelación de la obra en Texcoco, que implica cerrar las otras terminales, costaría 5.000 millones de dólares, según el equipo de López Obrador. Los documentos a favor y en contra de cada opción se subieron a una plataforma pública el día que se convocó la consulta.

 

El mandatario electo aseguró en un vídeo difundido el lunes que los avances reportados hace tres meses, del 30%, rondaban en realidad el 20%. Esto retrasaría su conclusión de 2020 hasta 2024. Además, según López Obrador, se necesitarían más de 4.400 millones de dólares de recursos públicos que antes no estaban contemplados para continuar las obras del proyecto actual. "Esto no es posible", sentenció el político. En el mensaje, López Obrador hizo poco después un nuevo guiño al consorcio de 200 empresas nacionales e internacionales que lidera Slim: "Si ellos se hacen cargo, podríamos considerar la posibilidad de continuar". Y remató: "Seré imparcial".

"¡Aeropuerto de muerte! ¡No a la imposición, no al despojo!", reclamaban el miércoles miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. El conflicto de Atenco se originó en 2001 y es un polvorín que ha amenazado con estallar en cada intento de los tres últimos presidentes por construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. Machete en mano y en un recorrido que se extendió por más de nueve horas con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, campesinos de 15 municipios aledaños han calificado el proyecto como un "ecocidio" y, con el riesgo de perder sus tierras y su sustento, han dejado claro que no participarán en la consulta.

 

Jiménez Espriú ha defendido este jueves la factibilidad de Santa Lucía, pero ha dicho que serán necesarios nuevos estudios si esta es la opción elegida. Tampoco se ha detallado cómo luciría el proyecto de reforma de la base militar y quién llevaría a cabo esa propuesta. El funcionario ha agregado que la consulta será complementada con una encuesta domiciliaria del 27 al 28 de octubre. "Aún se está trabajando en eso", ha aclarado Jiménez Espriú: "Nos urge tomar esta decisión". 

El equipo de López Obrador espera que un millón de personas participe en el sondeo, un 1% del padrón electoral. Las mediciones de tres casas encuestadoras calculan que la opción de Texcoco es la preferida por los ciudadanos con un margen de dos a uno, pero, como no se ha detallado la metodología, es imposible predecir si la consulta replicará estas tendencias. "No es una vacilada", ha defendido el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ante las críticas de la oposición.

Este sondeo no interesa a seis de cada 10 mexicanos, aunque la mayoría está de acuerdo con que se decida de esta forma, según Consulta Mitofsky. "Más allá de las dudas y las críticas, este Gobierno está poniendo a prueba un nuevo mecanismo democrático y lo que salga bien o mal puede sentar un precedente muy importante para varios ejercicios similares en el futuro", apunta Alejandro Moreno, encuestador y especialista en opinión pública.

A poco más de 50 días para el inicio de su mandato, López Obrador vuelve echar mano de un recurso recurrente durante su gestión al frente de la capital hace más de 12 años e ignorado por los presidentes que lo precedieron, y afina los últimos detalles de una consulta marcada hasta el momento por la dilación, los mensajes contradictorios y la confusión en la organización. "Al final de cuentas, va a ser la gente la que va a decidir", ha insistido el presidente electo.