El asunto de mayor urgencia son las jubilaciones de los burócratas que cada año aumenta en millones de pesos
Son al menos 4 mil 200 asuntos en activo los que deberá desahogar, enfrentar y combatir la Consejería Jurídica, explicó, el titular, Samuel Sotelo Salgado. El funcionario estatal destacó que entre esta gama de expedientes se encuentran acciones de constitucionalidad, amparos, contenciosos y expropiaciones que la administración de Cuauhtémoc Blanco debe atender. El asunto de mayor urgencia son las jubilaciones de los burócratas que cada año aumenta en millones de pesos.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), inició una lluvia de amparos en contra de las jubilaciones que aprobó el Congreso, pero el reclamo del tribunal es que al mismo tiempo que aprobó las solicitudes de los trabajadores, ni el legislativo ni el ejecutivo asignaron mayores recursos para pagar esas jubilaciones obligando a iniciar una lluvia de amparos.
Por ello, el consejero jurídico del ejecutivo, comentó que por ahora sólo queda esperar los resolutivos de esas acciones legales que tramitó el Poder Judicial en contra de los decretos, y para ello, "las resoluciones de la corte implican que alguien debe aportar recursos económicos para cumplir esas obligaciones".
Aunque no mencionó cifras, la realidad es que para cubrir todas estas jubilaciones que se agregan cada año a las ya existentes, implica millones de pesos "una cantidad considerable de lo que le debe corresponder como una forma de solventar las pensiones y jubilaciones del Poder Judicial que hizo en su momento, incluso la pregunta es si se va a tomar el recurso del presupuesto que se le asigna al poder judicial o de qué manera se va a cubrir, algún poder o autoridad debe hacerse responsable de esto, pero en su momento se conocerá que determina la corte".
Samuel Sotelo, hizo notar que el ejecutivo morelense forma parte también de esas más de 100 controversias porque está involucrado en el proceso del decreto en su publicación y de alguna manera se pretende involucrar al ejecutivo del estado para atender esas resoluciones.