-Tiende a serlo si no se toma con la seriedad legal (y temporal) correspondiente, refirió Isidro Calderón
-El Ejecutivo debe darse cuenta que ya se acabó la campaña; ya no hay a quién echarle la culpa para trabajar, precisó
De acuerdo a perspectivas de jurisconsultos, el juicio político que Enrique Paredes Sotelo presentó ante el Congreso tiende a ser un acto “mediático”, si no se toma con la seriedad legal (y temporal) correspondiente.
El abogado Isidro Calderón Catalán opinó que “Es al Ejecutivo (Cuauhtémoc Blanco Bravo), al que le corresponde darse cuenta que ya se acabó la campaña; que ya no está nadie a quién echarle culpa para trabajar”.
En ese sentido, expuso: “Si el gobernador cumple la palabra empeñada, no necesita juicios políticos. ¿Para qué?” Si existe un delito que haya cometido el ex mandatario, que sea sancionado.
Por su parte, Paredes Sotelo mencionó que esta demanda afectó gravemente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y violó los derechos humanos de los universitarios, por la retención de 100 millones de pesos durante los meses de julio y agosto del año pasado.
El jurista agregó que Graco Ramírez "vulneró derechos humanos de 40 mil estudiantes y seis mil trabajadores de la máxima casa de estudios".
El diputado José Casas González, de extracción petista, fue el encargado de recibir el documento, en torno al cual opinó que actuarían sin dejos de simulación. Y, en ese sentido, se jactó en recordar la petición que vertió el miércoles pasado (en tribuna), que llamarían a cuentas a los ex presidentes de la Mesa Directiva, Francisco Alejandro Moreno Merino, Beatriz Vícera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.
En su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, recibió la demanda antes citada, por parte de abogados de la Federación de Asociaciones Civiles, Organizaciones y Movimientos Sociales.
La solicitud señala como causales, la afectación grave a la Máxima Casa de Estudios por la retención indebida de recursos económicos, lo que generó una la violación a derechos humanos, de 40 mil estudiantes y seis mil trabajadores.
Ahora, el expediente se trasladará a la Junta Política y de Gobierno, cuyos integrantes realizarán la evaluación pertinente. Según él, no habrá postergaciones de ningún tipo y sí influencia de la legalidad.
De acuerdo a un comunicado, se comprometió a actuar de manera neutral en este tema, luego de considerar que nadie que haya cometido un delito de la administración anterior o de la legislatura pretérita podrá “salir mañana a cámaras diciendo que es un perseguido político, que es un berrinche de Enrique Paredes, o de Pepe Casas”.
“Quien haya violentado la ley tiene que enfrentar el brazo de la justicia y éste tiene que ser muy sólido”, puntualizó.