Combatir la sangría de la corrupción y la desigualdad ha sido una de las banderas con las que López Obrador arrasó en las elecciones. A poco más de un mes para que el nuevo Gobierno tome posesión, los detalles de su política fiscal –la gran herramienta para taponar el agujero de la inequidad– se van conociendo a cuentagotas y, como sucede en otras carteras, de boca del propio presidente electo. Este miércoles, Obrador anunció que “ya no va a haber inspectores en la calle”, ni de Hacienda (SAT) ni de Consumo (PROFECO) y que el destino de las fiscalizaciones se harán por sorteo. Al día siguiente remató diciendo que “en los primeros seis meses no habrá fiscalización para nadie”.
Estas medidas, sumadas a la previsible postergación de un reforma fiscal hasta el segundo tramo de la legislatura, supondrían un nuevo palo en la rueda para un país con un severo problema de recaudación fiscal. México ingresa anualmente el 17% del PIB, frente al 25% de media en América Latina y el 35% de las economías avanzadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien a principios de año lanzó una batería de recomendaciones para su socio norteamericano: crear un impuesto sobre las herencias, aumentar el gravamen a la propiedad inmobiliaria e implantar una tasa verde. Bombear recursos públicos para estrechar el abismo mexicano que separa a 53 millones de pobres de algunas de las mayores fortunas del mundo pasa necesariamente por apretar el acelerador fiscal.
“El anuncio da pie a muchas interpretaciones –anticipa Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias– Necesitaríamos conocer más detalles porque aún no queda claro si se cancelarán todas la tipologías de inspección del SAT”. La mayor parte de las labores de fiscalización de la Hacienda mexicana parten de una investigación previa electrónica. Se cruzan los registros bancarios –ingresos, gastos y declaraciones– en busca de indicios de irregularidades. Cuando salta alguna alarma, el organismo envía a sus inspectores a hacer un examen profundo, más parecido a una auditoria. “Si el anuncio –añade de la Torre– se refiere a este tipo de operaciones, la legislación pierde fuerza, afectaría a la recaudación y supondría un incentivo para la defraudación”.
A falta de más concreción, Obrador se ha pronunciado por sustituir las inspecciones por una especie de juramento de buena fe. Un documento que diga “conozco el reglamento de la Secretaría de Salud, conozco el reglamento y las leyes de la Defensa del Consumidor, conozco las leyes de Economía y estoy en orden y consciente de que todos debemos de actuar hablando con la verdad y con rectitud. Vamos a confiar en los ciudadanos”. El fraude fiscal asciende en el país al 2,6% del PIB y al 16% de la recaudación pública total, según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla
La lógica detrás de la operación sería, paradójicamente, evitar la corrupción. “No va a haber mordidas arriba ni abajo. Ya no va a haber inspectores de calle. A todo el que tiene una tienda, una pequeña empresa, le dicen ‘a ver tus papeles’. Nada. Va a recoger el moche”. Las quejas de hostigamiento y corrupción durante las inspecciones son una constante por parte de las asociaciones empresariales. “Habría que concederles el beneficio de la duda –concede el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal– porque es cierto que la madeja de reglamentos y leyes tributarias sí puede facilitar la existencia de prácticas de extorsión. En todo caso, se trata de una denuncia de parte, las asociaciones empresariales no son neutrales”.
Las medidas anunciadas esta semana completan las propuestas desgranadas durante el último mes. Obrador ya había concretado que durante su mandato las inspecciones se harían por sorteo, de manera aleatoria. “No tiene porque ser una mala idea –sostiene de la Torre–Depende de la densidad de esas fiscalizaciones. Si son pocas, la probabilidad de que la irregularidad sea descubierta es muy baja y el incentivo para cometer evasión muy alto”. Villareal, por su aparte, apunta que “el mecanismo tiene que ser muy transparente. Si no acabarías cayendo en la misma falta que criticabas: el poder discrecional de la Administración”.
Relegado ante la prioridad de la agenda de seguridad, el plan fiscal del nuevo gobierno pasa por reorganizar de manera más eficiente el gasto público así como la estructura de la Administración tributaria. No se prevén subidas de impuestos, al menos, hasta el segundo o tercer año de la legislatura, cuando se abordaría la reforma fiscal, piedra de toque para las ambiciones sociales de Obrador. “Tan solo la implantación de un sistema de salud de cobertura universal –apunta de la Torre– necesitaría elevar la recaudación un 2,6% de PIB. Sin impuestos no se podrán sostener los programas de gasto”