La solicitud de la Procuraduría de Hidalgo se hizo aun cuando padres del fallecido en accidente lo eximieron, asegura; si procede, podría vincularse a proceso
Si la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo solicitó el desafuero del diputado de Morena Cipriano Charrez, es porque aún no hay acuerdo reparatorio entre el presunto responsable y las víctimas, afirmó el investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, Fernando Falconi.
El especialista dijo a La Razón que si la Cámara de Diputados niega el desafuero, ya no se podrá ejercer acción penal en contra del morenista.
El martes pasado, la PGJH envió a la Cámara de Diputados un oficio en el que solicita retirar el fuero al diputado Cipriano Charrez, para que pueda ser sometido a proceso penal por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito en el que un joven perdió la vida.
- El dato: La familia del joven fallecido emitió una carta en la que expresó su negativa de coadyuvar con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.
Al respecto, Falconi indicó que el Ministerio Público requiere que a Charrez le sea retirado el beneficio para proceder penalmente en su contra.
Recordó que toda investigación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio lleva requisitos de procedibilidad y para que la carpeta de investigación en este caso pueda complementarse, es necesaria la remoción del fuero al funcionario.
“Debe llevarse el procedimiento constitucional de remoción del fuero que se decide dentro de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia. La procuraduría puede solicitarlo, pero al final la atribución de quitarle el fuero o no es exclusiva del Congreso.
El especialista indicó que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el perdón no existe, pero en el caso de delitos culposos, como éste, puede operar un acuerdo entre las partes o un mecanismo alternativo de solución de controversias.
Sin embargo, insistió que en el caso del diputado no ha sucedido así, puesto que se solicitó el desafuero para poder continuar con las investigaciones.
Añadió: “Si la procuraduría está continuando con ese requisito de procedibilidad es porque aún le sigue dando pulso al procedimiento y es muy probable que dadas esas cuestiones no se esté dando un acuerdo reparatorio o un mecanismo alternativo de solución de controversias”.
Explicó que de formalizarse el procedimiento, en la Cámara de Diputados se tendría que erigir un jurado de procedencia para resolver en definitiva la solicitud .
De proceder el desafuero, entonces el diputado quedaría destituido en ese momento y a disposición del Ministerio Público, el cual podría ejercer acción penal.
Una vez que el caso haya sido turnado al juez correspondiente, se tendría efectuar una audiencia en juicio oral, en la que se definiría la vinculación o no a proceso del presunto responsable, agregó.