Erika Flores (38 años), dueña de un puesto familiar de tacos en Ciudad de México, compra todas las semanas varios paquetes de tortillas de maíz a 14 pesos el kilo para su comercio. Desconoce, sin embargo, que por todos y cada uno de ellos paga un 26% más de lo que deberían costar. Como ella, Gustavo Rodríguez (41 años) adquiere leche y huevos en un supermercado a 20 pesos el litro y a 50 pesos el paquete de 30, respectivamente. Por el primero paga un 95% extra, por el segundo un 14% más: los hogares mexicanos pierden, cada día y en promedio, el 16% de su dinero por los sobreprecios causados por la ausencia de libre concurrencia empresarial, según un reciente y completo análisis del guardián de la competencia en los mercados mexicanos, Cofece. Y los más afectados, en términos relativos, son los de menor renta: una piedra más en el zapato de la pobreza y la desigualdad.
Flores y Rodríguez no son excepciones: la realidad que afrontan es moneda de cambio común en el día a día de millones de mexicanos. En promedio, las familias pagan un 98% más por los productos analizados. Pero en algunos casos, el recargo llega a sobrepasar el 200%. De las 12 categorías estudiadas, los precios más inflados recaen en bienes de consumo tan habituales como las frutas, el pan o los materiales de construcción —entre un 238% y un 113% de incremento—, mientras que las bebidas no alcohólicas, los medicamentos y las carnes procesadas solo sufren un sobreprecio de entre un 2% y un 5%. “Esta pérdida económica de los hogares puede ser interpretada como un impuesto, ya que reduce el ingreso disponible”, constata el estudio, que firma el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Pensilvania Andrés Aradillas-López.
Los sobreprecios los pagan todos los mexicanos: los que tienen e ingresan más y, sobre todo, los que tienen e ingresan menos. Pero en un país ya de por sí muy desigual, la ausencia de competencia real en muchos mercados actúa como una suerte de impuesto regresivo que “daña más a los hogares con menos ingresos”, según el estudio. Mientras el impacto sobre el bolsillo es del 33% en las familias de menos recursos, los sectores más acaudalados pierden solo un 5%. Y esa desigualdad se traslada también a lo geográfico. Según la publicación, la región suroeste de México, la más golpeada por la pobreza, ve reducido su bienestar en un 47% más que la región noroeste, una zona más desarrollada industrialmente y con una renta per cápita mayor, por el mal funcionamiento de los mercados. Las razones, para Cofece, radican en que en el sur los productos carecen más de sustitutos que en el norte, por lo que las empresas pueden cargar a las consumidores con mayores sobreprecios sin perder ventas y, además, es donde se concentra la mayor cantidad de hogares pobres.
La pérdida de bienestar y los sobreprecios tienen que ver, según el diagnóstico de Cofece, con el poder de mercado de las empresas que participa en él. Cuando la competencia es baja o nula, los productores tienen la posibilidad de aumentar sus precios sin sufrir una reducción en sus ventas. En el caso de los productos y servicios más básicos, que los mexicanos tienen que comprar sí o sí, la ausencia de competencia hace aún más daño: los consumidores están completamente cautivos.
¿Por qué las empresas en México tienen tanto poder de mercado? ¿Por qué la competencia es tan baja? Una de las causas más señaladas por los especialistas es la implantación de un modelo económico cercano al capitalismo de cuates (crony capitalism). “Cuando se asignan contratos o regulaciones favoreciendo explícitamente a socios o amigos, el resultado es que puedan mantener los precios artificialmente altos y tengan poca competencia. El capitalismo de amigos es una barrera a la competencia, una forma de mantener prácticas anticompetitivas”, explica Aradillas-López.
No es algo nuevo en México, asegura Valeria Moy, directora general del think tank México, ¿Cómo vamos?. “Hay intereses que se han ido gestando a lo largo del tiempo. Se ha vuelto un capitalismo de cuates, donde los empresarios están de alguna forma coludidos, pero no necesariamente entre ellos, quizás también con el gobierno. A lo largo de los años fueron creado relaciones y algunos obtienen concesiones, licitaciones o más facilidades que otros”. Aradillas-López lo ve como un problema estructural: “Lo he observado a todos los niveles, en los Gobiernos federal, estatal y local. Es un problema cultural y estructural que realmente va a tomar generaciones revertirlo, porque está muy enraizado en la cultura de México”. La situación solo podría mejorar, agrega la también profesora del ITAM, si los mexicanos se dieran cuenta del impacto que tiene esta práctica en su bienestar y presionaran a sus gobernantes para tomar cartas en el asunto.
México se encuentra en el puesto 46 de 140 en la clasificación global de competitividad, según el último informe del Foro Económico Mundial. Solo tiene un país latinoamericano por delante: Chile. El organismo internacional destaca la estabilidad macroeconómica y un ambiente favorable para los negocios en la segunda economía más grande del continente, tras Brasil. La gran debilidad del país norteamericano es la fragilidad de sus instituciones, un punto en el que está muy por debajo del promedio de la OCDE. Esto deriva principalmente del aumento de la violencia y los escándalos de corrupción, que han contribuido a dañar la transparencia del país.
La competencia en cada país depende de la normativa establecida, según Ángel Melguizo, director para Latinoamérica del Centro de Desarrollo de la OCDE. “La regulación en México ha avanzado significativamente desde 1990 hasta 2013”, asegura. Eso le ha permitido superar a Brasil —la otra gran economía regional— en barreras al emprendimiento empresarial y en barreras al comercio según el último registro de la organización en 2013. Sin embargo, el avance no fue lo suficiente importante como para superar o aproximarse a otro de los países más avanzados de América Latina, Chile, líder regional en la materia.
Queda mucho trabajo por delante. “Las prácticas monopólicas suelen considerarse el mayor delito conforme a la ley de competencia. Es importante prevenir estas conductas, pues se ha demostrado que aumentan los precios de 20% a 30% en promedio”, recalca la OCDE en el informe Hacia un México más fuerte e incluyente. “Ahora es decisivo para México mantener el impulso de la reforma y alentar aún más la competencia”.