A unas horas de que comience la consulta sobre el aeropuerto de Ciudad de México, el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado los últimos argumentos sobre el debate que mantiene en vilo el futuro de la obra que se construye en las cercanías de Texcoco. Javier Jiménez Espriú, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, ha explicado que las dos opciones planteadas en el plebiscito son posibles: tanto seguir adelante con el proyecto que ya está en construcción, así como planear la apertura de una aeródromo en la base aérea de Santa Lucía.
Para ofrecer esta visión Jiménez Espriú ha mostrado un estudio aeronáutico que confirma que un aeropuerto en Santa Lucía puede operar simultáneamente con el aeródromo Benito Juárez, que funciona al límite de su capacidad actualmente. El análisis fue realizado por la firma Navblue, perteneciente a la francesa Airbus. "Este estudio es la confirmación de que es viable la operación simultánea de ambos aeropuertos. En el estudio se señala que esta confirmación, como ya lo habíamos dicho antes, debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos clave sobre aspectos económicos, la conectividad", explicó.
En agosto, cuando López Obrador anunció que se celebraría la consulta para decidir el futuro del aeropuerto, la información presentada por su equipo apuntaba a que la operación de estos dos aeródromos podría ser riesgosa. Jiménez Espriú ha zanjado con la explicación las críticas sobre que la información ofrecida a los ciudadanos sobre la alternativa al aeropuerto que ya se construye era especulativa. El futuro ministro ha insistido en que ha sido imparcial en los últimos meses sobre el futuro del aeropuerto, sin embargo, sus apariciones públicas han estado más enfocadas a fortalecer la idea de que Santa Lucía es posible. Jiménez Espriú, incluso, ha dicho que la alternativa al aeropuerto en construcción puede tener hasta 140 operaciones por hora, contra las 70 que el aeródromo Benito Juárez realiza actualmente.
La consulta sobre el aeropuerto comenzará a las 8.00 del jueves y durará cuatro días. El proceso ha sido cuestionado por los empresarios por tratarse de un ejercicio que realiza López Obrador antes de asumir el cargo, el próximo 1 de diciembre. Los centros de votación, además, solo serán abiertos en 538 municipios de los 2.463 que hay en todo el país. Las cámaras empresariales han puesto en duda la validez del plebiscito dado que su organización no está sujeta a los términos que contempla la Constitución para cualquier asunto que se defina como consulta popular. López Obrador ha insistido en que el resultado será vinculante.
José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), apuntó el martes que México podría sufrir consecuencias económicas si el aeropuerto en construcción es cancelado. “México no puede fallar. Se pondría en riesgo su atractivo y prestigio como plataforma de inversiones. El proyecto tiene que confirmar que sí se pueden transparentar las contrataciones públicas de una obra de estas magnitudes”, comentó. El principal temor en los círculos empresariales es que la cancelación de contratos ahuyente la inversión privada, principalmente, ante un escenario donde la seguridad sobre los proyectos es susceptible a este tipo de ejercicios. El aeropuerto en Texcoco, según la información proporcionada por el Gobierno actual, ha avanzado en su construcción un 31%.
López Obrador ha intentado calmar el nerviosismo en torno a la consulta y sus consecuencias financieras. Los mercados han comenzado a reflejar esa incertidumbre tanto en la moneda mexicana como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aunque todavía en cifras muy bajas. “En caso de que los resultados apunten a una cancelación del proyecto [de Texcoco], no se descarta volatilidad en los mercados financieros de México al comienzo de la semana entrante”, señala Gabriela Siller, analista del Banco BASE.