Cuauhtémoc Blanco recibe deuda mayor a $15 mil millones; pedirá ayuda federal
Cuernavaca, Mor., En la administración del perredista Graco Ramírez, 95 por ciento de los contratos de obras públicas se adjudicaron de manera directa o por invitación restringida, y sólo 5 por ciento se licitó, violando las leyes federales y estatales, afirmó el nuevo secretario del ramo, Fidel Giménez-Valdez Román.
En entrevista, dijo que proyectos como las sedes del Congreso local, el Tribunal Unitario para la Justicia de los Adolescentes, la Fiscalía General del Estado y las comandancias de Huitzilac y Ocuituco quedaron inconclusos. Además, las constructoras reclaman el pago de al menos 300 millones de pesos.
El funcionario detalló que de mil 996 contratos, mil 242 se adjudicaron de manera directa, 635 por invitación restringida y sólo 119 se licitaron.
Explicó que durante la gestión de Patricia Izquierdo Medina al frente de la Secretaría de Obras Públicas (de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2018), la mayoría de los proyectos no se licitaron y que a los contratos asignados se destinaron 6 mil millones de pesos.
Explicó que en los contratos de invitación restringida se elige a sólo tres proveedores para que presenten propuestas.
Agregó que sólo se entregaron 40 contratos por licitación pública estatal y 79 en procesos federales.
Giménez-Valdez Román indicó que jamás se presentaron dictámenes de justificación técnica o jurídica para las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas.
El funcionario aseveró que fueron tres los grupos empresariales beneficiados por el gobierno de Graco Ramírez, entre ellos Veltormart SA de CV. Aseguró que pronto dará a conocer el nombre de los otros dos.
Auditan proyectos
Advirtió que la indicación del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ‘‘es clara: donde haya habido alguna irregularidad o ilegalidad, máxime tratándose de recursos del pueblo de Morelos o de la Federación, vamos a actuar con todo el peso de la ley, caiga quien caiga, sin titubeos.
‘‘Estamos revisando de manera exhaustiva todo esto antes de validar y pagar. Llegaremos al fondo y trataremos de reducir el daño que ha sufrido el patrimonio de los morelenses, utilizando las herramientas jurídicas al alcance del gobierno’’, planteó.
Mencionó que la empresa auditora especializada en obra pública que contrató la presente administración encontró sobreprecios en algunos contratos, así como obras inconclusas reportadas como terminadas, entre ellas el edificio del Congreso local, y otras que ni siquiera se comenzaron, como la comandancia de la policía del municipio de Ocuituco.
‘‘Si un metro cúbico de asfalto cuesta en planta entre 2 mil 200 y 2 mil 400 pesos, a precio de mercado, con frecuencia la Secretaría de Obras lo pagaba a entre 4 mil y 5 mil pesos.’’
Una de las obras no concluidas fue el edificio del Congreso local, que Graco Ramírez y los entonces diputados locales inauguraron apresuradamente en febrero pasado para que el ex mandatario rindiera su sexto y último informe de gobierno, pese a que ‘‘encontramos faltantes (de la obra)’’.
Destruyeron documentos
Fidel Giménez-Valdez Román agregó que para la construcción de la sede legislativa se asignaron dos contratos: uno por 360.9 millones de pesos, y otro por supuestos trabajos adicionales ‘‘que se están revisando’’, por 92.5 millones. En total, dicha obra inconclusa costó al erario 453. 4 millones de pesos.
También se están revisando las obras del estadio Coruco Díaz, el museo Juan Soriano y el auditorio Teopanzolco, entre otras.
No obstante, el funcionario reconoció que mucha información fue ‘‘destruida o sustraída’’ por los funcionarios de dichas áreas en el pasado gobierno.
‘‘Vamos a realizar las auditorías y a presentar denuncias ante la contraloría y las fiscalías correspondientes’’, concluyó.
El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo anunció que solicitará apoyo financiero a los gobiernos federales en turno y electo, debido que el ex gobernador perredista Graco Ramírez le dejó una deuda superior a 15 mil millones de pesos, informó el secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca.
Mencionó que se restructurarán créditos con la banca comercial, se eliminarán gastos innecesarios sin afectar los rubros de seguridad pública y asistencia social, y confió en que la nueva administración federal genere condiciones económicas favorables para el estado.