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Los tres “años de Hidalgo” de Manuel Agüero Tovar

 

 
 
Publicado en Política Lunes, 29 Octubre 2018 05:54
Subsecretario de Administración es al mismo tiempo arrendador del principal edificio

Su cabildo aprobó presupuesto “inflado” y desde el año pasado no sube nada a Transparencia

 

Los tres años del “licenciado en Ciencias de la Comunicación” José Manuel Agüero Tovar al frente del gobierno de Jiutepec parecen una desesperada carrera contra el tiempo por allegarse del mayor número de recursos posible de dónde sea y cómo sea. El llamado “año de Hidalgo” -que se ha hecho popular para definir el periodo en el que un político debe aprovechar para agarrar todo el dinero que pueda- a Agüero Tovar le resultó insuficiente.

Sobre todo, después de que dispuso de recursos públicos para financiar una campaña con la que intentó mantenerse en el cargo por tres años más (a pesar de que como diputado públicamente había manifestado su rechazo a la figura de la reelección), pero sufrió una aplastante derrota.

Hoy, nadie sabe cómo dispuso del presupuesto 2018 porque los datos que debía subir a la Plataforma Nacional de Transparencia como información pública de oficio simplemente no están, y el gobierno entrante tampoco ha recibido documento alguno.

Una de las formas de allegarse recursos es rentarle al gobierno municipal inmuebles propiedad de su enorme familia.

“Manolo” –como se hace llamar por motivos electorales- se justifica diciendo que en Jiutepec todos son Agüero, Jiménez o Tovar, por lo que no es extraño que esos apellidos proliferen en los contratos de arrendamiento o bien en la abultada nómina del Ayuntamiento.

Pero también utiliza a sus empleados como prestanombres. Tal es el caso del subsecretario de Administración,  Erandy Gallo Vergara, quien aparece como propietario de la empresa Galveg S.A. de C.V. pero que días antes de firmar el contrato de arrendamiento por 69 mil pesos mensuales, le “donó” todas las acciones a su esposa, Gladis Liliana García Tapia.

 

LA HISTORIA DE “MANOLO”

José Manuel es hijo de Álvaro Agüero Bolaños y de Laura Tovar, ambos con toda una vida en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que le permitió al padre ocupar la presidencia municipal de su natal Jiutepec en el periodo 1991-1994, cuando su hijo era un veinteañero.

Nunca tuvo problemas económicos porque siempre vivió de los negocios familiares. Así lo plasma su currículum vitae que aparece en el Sistema de Información Legislativa: gerente general de Materiales para Construcción Nuevo Mundo (principal proveedor del Ayuntamiento cuando Álvaro Agüero era alcalde), gerente de ventas de Fletes de Jiutepec, gerente de ventas de Calera Santiago y director del Colegio William Shakespeare, todos propiedad de sus padres.

Lo que no menciona el Sistema de Información Legislativa es que en su juventud Manolo quiso ser músico y sus padres se lo concedieron. Le crearon su propio grupo, “Manolo y sus socios”, y lo incluyeron en el paquete del salón de fiestas propiedad de los Agüero Tovar.

También quiso incursionar en la política y sus padres también lo encaminaron, pero siempre en el Partido Revolucionario Institucional: coordinador en la campaña de su padre y luego en la de su tío Leopoldo Tovar; delegado municipal de la CTM, secretario de relaciones públicas de la Fundación Colosio, en Jiutepec, y candidato a diputado federal por el partido tricolor en el 2009.

De la diputación federal pudo saltar fácilmente a la diputación local para el periodo 2012-2015.

Fue en este periodo, ya con Graco Ramírez como gobernador, cuando Manolo hizo su “jugada maestra” que le valió la alcaldía de Jiutepec: se alió con los diputados del PRD para votar las propuestas del gobernador a cambio de ser el candidato a la presidencia municipal de su ciudad natal, pero no por el partido en el que siempre había militado, sino por el de la Revolución Democrática, con la promesa de que tendría todo el apoyo no sólo como candidato, sino también como presidente municipal.

Y le cumplieron. Cientos de millones de pesos provenientes de la Federación y del gobierno estatal llegaron a territorio jiutepequense para decenas de obras, casi siempre asignadas a la empresa Tecnoambiente Construcciones S.A. de C.V. propiedad de su “brazo derecho”, José Antonio Albarrán Contreras, quien fue primero su secretario de obras y posteriormente el alcalde interino.  Por tratarse de obras chicas (techumbres y pavimentaciones), no hubo necesidad de licitar, sino que se aplicó el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o empresas, y casualmente, casi siempre los que perdieron fueron Maxiacero S.A. y Maggon Arquitectos S.A. de C.V.

Por cuanto a los recursos municipales, fue el propio Albarrán Contreras quien (en respuesta a una solicitud de información pública y en su calidad de secretario de obras públicas) contestó a este reportero que durante el gobierno de Manolo Agüero no hubo adjudicaciones para Tecnoambiente Construcciones.

 

INFLAR EL PRESUPUESTO 

Con un Cabildo “conquistado” a base de prebendas (plazas para sus familiares y manos libres para hacer todo tipo de gestiones) Manolo Agüero ha logrado que sin mayores dificultades cada fin de año los regidores le aprueben lo que se va a gastar en la siguiente anualidad.

Así sucedió el 2 de diciembre del 2016 cuando el Cabildo aprobó “fast track” el presupuesto de egresos 2017 por 509 millones 936 mil 344 pesos. 

Nadie le cuestionó, por ejemplo, en qué se gastarían los siete millones 370 mil 880 pesos presupuestados para “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, siendo que de la revisión de la lista de medios que tienen convenio se desprende que son sólo tres periódicos y dos televisoras las que reciben pagos por publicidad, lo que no supera los dos millones de pesos anuales.  El gobierno anterior destinó cuatro millones de pesos para ese rubro, es decir, que hubo un incremente de casi el 100 por ciento,  según consta en la página de transparencia.

El gobierno municipal de Jiutepec asignó 15 millones de pesos al Sistema DIF sin especificar en qué se gastarían exactamente; tres millones 860 mil para arrendamiento de edificios y otros 330 mil para “otros arrendamientos”. 

Además de todas las prestaciones, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones a trabajadores y laudos, en el presupuesto aparece el concepto de “prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo”, para lo que se está destinando tres millones 170 mil pesos. Pero no sólo eso, también nueve millones 360 mil pesos bajo el ambiguo concepto de “otras prestaciones sociales y económicas”.

También, están presupuestando más de seis millones de pesos para “premio de puntualidad y premio de asiduidad”, y casi 800 mil pesos para “productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades”.

 

Y LUEGO, LA OPACIDAD TOTAL

El presupuesto 2017 fue lo último que hizo público el Ayuntamiento de Jiutepec y aparece en su página oficial de internet.

También, la nómina de octubre del 2016 es lo último que aparece como información pública de oficio.  Si el usuario desea buscar más adelante, aparece una leyenda que dice: “De conformidad con la normatividad vigente en materia de transparencia, la información actualizada puede ser consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia en la dirección electrónica: http://www.plataformadetransparencia.org.mx”.

Pero en la mencionada plataforma de transparencia, toda consulta aparece con la leyenda “no se encontraron resultados”.

De esa manera, prevalece la opacidad por cuanto a la forma cómo se gastaron los más de 500 millones de pesos que se presupuestaron para el 2018, cuando Manolo destinó gran parte de los recursos financieros y humanos a su campaña para buscar la reelección.

En su afán por permanecer en el cargo por tres años más, Manolo “compró” a la mayoría de los líderes sociales que podrían representarle un obstáculo para lograr su objetivo. Extrañamente, semanas antes de que se llevaran a cabo las votaciones, ex alcaldes y personas representativas de diferentes corrientes políticas aparecieron en videos manifestando su apoyo a la candidatura de Manolo.  Plazas para ellos o sus familiares, así como contratos por servicios, fueron las promesas que recibieron por parte del candidato, mismas que fueron incumplidas cuando se supo que había sufrido una aplastante derrota en las elecciones del pasado primero de julio.

A pesar de que el presidente municipal electo, Rafael Reyes Reyes, le ha solicitado en diversas ocasiones la información necesaria para hacer una revisión de lo que va a recibir a partir del primero de enero del 2019, el gobierno de José Manuel Agüero Tovar se ha negado a entregar documento alguno.

 

EL SOSPECHOSO CASO DE “GRUPO GALVEG” 

A través de una solicitud de información pública (folio 00098017) el gobierno de Manuel Agüero Tovar informó que renta cuatro edificios para oficinas complementarias al Palacio Municipal. Uno de ellos llama la atención por el monto que se paga mensualmente: 70 mil pesos.

A diferencia de los otros inmuebles que son propiedad (al menos así lo dicen los contratos) de personas físicas, en el caso del edificio ubicado en la avenida Benito Juárez del Centro de Jiutepec que alberga varias dependencias, el contrato que firmó el Ayuntamiento de Jiutepec fue con una persona moral: Grupo Galveg de México S.A. de C.V.

Al consultar en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, resulta que esta empresa fue creada en 2011 por Erandy Gallo Vergara, quien aparece en la nómina del actual gobierno de Jiutepec con un cargo de subsecretario en el área de Tesorería.

Sin embargo, para evadir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 14 de noviembre del 2015 (cuando ya se sabía que Manuel Agüero tomaría el cargo el primero de enero del 2016), realizó una asamblea extraordinaria en la que “cedió” sus acciones a una persona de nombre Gladys Liliana García Tapia.

En el Facebook, aparece que Erandy Gallo y Gladys García Tapia son esposos.

Y de acuerdo al boletín oficial que emite la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la demanda laboral 520/2013 interpuesta por Carlos Israel Sotelo Ocampo, los demandados Erandy y Karina Janet, ambos de apellido Gallo Vergara, así como Gladys Liliana García Tapia, son propietarios del bar “El A-torón”, recientemente clausurado.

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