La cancelación de las obras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) significa echar a la basura entre 100 y 120 mil millones de pesos, además de la pérdida de 45 mil empleos directos e indirectos actuales y la desconfianza e incertidumbre para la inversión nacional y extranjera en México, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En conferencia de prensa en la sede de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Castañón encabezó ayer la postura de rechazo de los líderes empresariales en torno a frenar las obras en el exlago de Texcoco.
“El gobierno electo quiebra el marco jurídico vigente al hacer vinculante una consulta que incumplió con la legalidad, porque no garantizó la imparcialidad y no fue representativa”, dijo, “reconocemos la participación ciudadana como una herramienta de la democracia; sin embargo, pedimos que el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador reflexione sobre esta decisión, porque diversas encuestas arrojaron en estos últimos días que 70 por ciento de los ciudadanos optaron por Texcoco, que es una opción de largo plazo”, aseguró.
Castañón estuvo acompañado por José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur; por Gustavo de Hoyos Walther, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); por el presidente de Concamin, Francisco Cervantes Díaz; y por Jaime Ruiz Sacristán, de la Bolsa Mexicana de Valores, así como de Mónica Flores Barragán, líder de la Cámara de Comercio Americana de México (AmCham), entre otros.
El presidente del CCE advirtió que son entre 100 y 120 mil millones de pesos que se van a la basura, (porque) ese dinero no tendrá ningún destino y será “un atentado contra el patrimonio de la nación”. En esta cantidad ya se incluye la pérdida de 40 mil millones de pesos por concepto de liquidación de los contratos, “lamentamos el riesgo en la confianza en la inversión que se requiere para futuros proyectos como el Tren Maya”.
Afores, sin riesgo. Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), pidió a los trabajadores “no estar preocupados por sus ahorros, pues los recursos están suscritos en garantías por la Fibra-e y bonos verdes, y están respaldados con el cobro del TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto); lo que sí pedimos al gobierno electo es que explique cómo va a definir la cancelación de contratos”. En su conjunto, los industriales urgieron a que se presenten los estudios técnicos y de impacto medioambiental que den viabilidad para dar inicio a la construcción en Santa Lucía.
Aseguraron que no hay una ruptura con el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero insistieron en que debe reflexionar en el daño económico, turístico y de lo que representa para México.
Gustavo de Hoyos Walther consideró que Andrés Manuel López mintió a los empresarios al asegurarles que las obras en Texcoco podrían llegar a su fin y rompió sus principios de “no mentir, no traicionar y no robar; estamos muy preocupados por esta decisión”, dijo.
El sector empresarial aclaró que los contratos existentes no pueden ser transferibles a la construcción de las dos pistas en la base área de Santa Lucía ni para la rehabilitación del Benito Juárez.