-Denuncia por peculado presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, “no es de chocolate”: Pepe Casas
-Se busca penalizar a quien haya hurtado 22 mdp, que correspondían a las prestaciones de trabajadores, acotó
El diputado José Casas González, irónico, dijo que la denuncia por peculado, presentada ante la Fiscalía del Combate a la Corrupción, “no es de chocolate”. Ésta está dirigida a penalizar a quien haya hurtado 22 millones de pesos, que correspondían a las prestaciones de los subordinados del Legislativo.
Alrededor de las 10:00 horas, ese legislador, acompañado de tres de sus homólogos: Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Ana Cristina Guevara Ramírez y José Galindo Cortez, se hizo presente en la dependencia, que preside Juan Salazar Núñez (cuyo nombramiento se dio en la anterior administración).
En ese sentido, Casas González dijo que esta es una oportunidad para que el fiscal reivindique su papel y no se le asocie más con la figura del ex mandatario Graco Ramírez, a quien se le sigue un juicio político, considerado por un sector de la abogacía morelense como un “espectáculo mediático”.
Asimismo, opinó que la imputación también contempla la omisión de ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos públicos, “más lo que salga” en contra de Francisco Alejandro Moreno Merino, Beatriz Vícera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín.
Agregó que el universo de 22 millones de pesos no se depositó en el Instituto de Crédito de los Trabajadores del Estado, por lo que existe una presunta flagrancia en contra de sus intereses.
Expuso que la malversación de esos fondos va sustentada por unas pruebas que se consideran “contundentes”, como los documentos que avalan los tres procesos de entrega-recepción que se dieron en el ciclo parlamentario anterior, los cuales estuvieron plagados de errores.
En un ejercicio democrático, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado dio acceso a la elaboración de la denuncia, con el apoyo del jurista enrique Paredes Sotelo, el autor del juicio político contra el ex jefe del Ejecutivo, así como a la barra y federación de colegios de abogados.
De igual forma, expresó que los pagos hacia la institución crediticia se estuvieron descontando cada quincena; luego, al no erogar las cifras, se hizo un “reconocimiento de deuda”, que se traduce en un auténtico desvío de fondos. Después, a costa de las participaciones del Congreso local, el entonces titular de Hacienda, Jorge Michel Luna, emitió un pago de 12 millones de pesos, como un paliativo.
Al final, persiste la doble moral: interponen este recurso ante un funcionario que trae el estigma de Ramírez Garrido, quien respondió que respetarán el debido proceso y no dio más detalles, visiblemente nervioso.