El ente fiscalizador hizo entrega a la Cámara de Diputados de la segunda tanda de informes de la Cuenta Pública 2017, y advirtió que la Sedatu –a cargo de Rosario Robles Berlanga– no entregó información confiable
. La duplicación de registros de damnificados ocurrió en Ciudad de México, y los estados de Chiapas, México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla.
La auditoría revela una cadena de sucesos graves en las dependencias citadas, pues la afectación toca a cientos de miles de personas damnificadas por el sismo. Así, dicta un veredicto evidente en torno a las omisiones de la Sedatu.
En opinión de la ASF, la Sedatu no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de la población afectada. La dependencia no levantó información en 343 municipios con declaratoria de desastre natural y emergencia extraordinaria, y en los municipios censados obtuvo información del 3.7 por ciento de las viviendas, es decir, 17 mil 25 de 4 millones 654 mil 95 existentes, y de 4.2 por ciento de la población (742 mil 18, de los 17 millones 817 mil 859)
.
Las tres bases de datos para elaborar el registro de damnificados, analizadas por la auditoría, terminan describiendo la desproporción de la duplicación enunciada, porque en las actas de cierre de los subcomités se validaron 75 mil 945 viviendas afectadas y 26 mil 963 daños reconocidos como estructurales, sin que este tipo de daño se correspondiera con los definidos en la normativa, las 75 mil 945 viviendas validadas no coincidieron con las 17 mil 6 viviendas afectadas que la Sedatu integró como diagnóstico definitivo de daños y afirmó haber entregado a Bansefi”.
Bansefi, involucrado en las anomalías
En tanto, la auditoría practicada a Bansefi señala las anomalías en torno a la entrega de los recursos públicos para los damnificados de los sismos del año pasado.
Los apoyos no fueron recibidos de manera eficiente, oportuna y completa por parte de los beneficiarios al 31 de diciembre de ese año, ya que si bien se había ministrado (entregado) 92 .4 por ciento equivalentes a 5 mil 917 millones 815 mil pesos, en 238 mil 311 tarjetas Fonden monetario y de Vivienda, esto no significó que el monto y las tarjetas hubieran sido otorgados al beneficiario, debido a que las tarjetas estaban activas y con recursos disponibles antes de su entrega
. Así, el banco no disponía de normativa que le facultara y regulara su participación en la entrega de apoyos del Fonden, lo que ocasionó irregularidades en la coordinación con la Sedatu.