CIUDAD DE MÉXICO.
La lucha contra la corrupción en México fue compleja y enfrentó reticencias de algunos secretarios de Estado, que incluso se incomodaron por el trabajo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Es muy difícil. Cuando comenzamos en la secretaría a poner orden en los Órganos Internos de Control hubo algunos que se rehusaron a entregarnos en principio la información”, dijo la titular de la SFP en entrevista con Excélsior.
“Algunos pedían a sus contralores que fueran muy estrictos, pero había personas que estaban muy cómodas y había personas que no querían reconocer que estaban haciendo algo mal”.
La funcionaria federal es determinante: “No nos nombraron para quedar bien”.
Los casos que investigó la llevaron a tener relación con secretarios de Estado o directores generales que estaban en el ojo del huracán. Recuerda que tuvo colaboración de Pemex, en el caso Odebrecht, no así de la PGR; “nunca me dieron información”. Y asegura que los gobernadores corruptos fueron los que hicieron el mayor daño a la credibilidad del gobierno.
Afirma que el presidente Enrique Peña Nieto jamás le pidió frenar una investigación o proteger a algún colaborador.
“Secretarios no se querían auditar”
La secretaria de la Función Pública vio malestar en algunos cuando se les pedía información. Peña Nieto no frenó ningún tema, afirma.
La lucha contra la corrupción en el gobierno es compleja y difícil, incluso hubo casos de secretarios de Estado que se molestaron por el trabajo que se realizó para romper inercias o esquemas de corrupción, revela la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien considera que fueron los gobernadores corruptos quienes hicieron el mayor daño a la credibilidad del gobierno.
En entrevista con Excélsior, la única secretaria de la Función Pública que tuvo el poder que le confirió el respaldo absoluto del Senado, explica que el presidente Enrique Peña Nieto jamás le pidió frenar una investigación o proteger a algún colaborador: “Me ha respetado siempre.”
Interrogada sobre los impactos negativos que puede tener en la lucha contra la corrupción en la administración pública la reducción de salarios, Arely Gómez explica que el monto de salarios no determina el grado de corrupción de un servidor público, porque existen empleados federales que ganan mucho dinero e incurren en actos de corrupción y hay miles de empleados federales que ganan muy poco dinero y su comportamiento es intachable, son leales al servicio que realizan.
—¿Qué tan difícil es romper la inercia de la corrupción en la administración pública?
—Es muy difícil. Cuando comenzamos en la secretaría a poner orden en los Órganos Internos de Control hubo algunos que se rehusaron a entregarnos en principio la información, porque decían que ellos no tenían por qué entregar información, como que ellos no tenían jefe.
“Se empezó a trabajar cerca de ellos y tuvimos resultados muy satisfactorios, pero qué es lo que pasaba, que durante esta transición o este cambio era muy frecuente que el titular de la dependencia sí se molestara; que dijera: ‘oye pero por qué esto’, en lugar de que lo tomaran como una medida preventiva, de corrección y hasta de sanción, cuando no se habían hecho bien las cosas.
“(...) Sí había ciertas molestias entre compañeros del gabinete. Algunos pedían a sus contralores que fueran muy estrictos, pero había personas que estaban muy cómodas y había personas que no querían reconocer que estaban haciendo algo mal, por desconocimiento, por descuido.
“Sí es difícil, pero sobre todo cuando llegas a hacer ese trabajo cuando todos llevan cuatro años en la administración, sin tener que rendir cuentas, pero se logró sensibilizarlos y sobre todo la SFP fue firme al tomar sus determinaciones y ejercer sus facultades”, destaca.
Pero ella es muy clara. “No nos nombraron para quedar bien, pero sí para ayudar a los compañeros y hacer la labor preventiva, pero cuando la prevención no sirvió o no culminó en el resultado necesario, tuvimos que pasar a la parte sancionatoria y de investigación”.
Los casos que investigó la llevaron a tener relación con diversos secretarios de Estado o directores generales que estaban en el ojo del huracán. Recuerda que tuvo una excelente colaboración de Pemex en el caso Odebrecht, no así de la PGR; ahí “nunca me dieron información”.
También tuvo una buena relación con quienes colaboraron para investigar los contratos otorgados por Sedesol y Sedatu a universidades públicas, que a su vez contrataron empresas fantasmas.
Tuvo una buena colaboración con Banobras, Comunicaciones y Transportes y la Conagua en el caso del Paso Exprés de Cuernavaca, aunque admite que fue el más difícil, por la cantidad de instancias involucradas.
Arely Gómez fue la responsable de revivir a la Secretaría de la Función Pública y se considera satisfecha del trabajo realizado, porque hubo castigo para casos como Odebrecht, el socavón del Paso Exprés y los desvíos de universidades públicas con empresas fantasmas.
Conoce la médula de la administración pública federal y está convencida de que la lucha contra la corrupción es una tarea ardua, que implica muchos años de trabajo y que se puede destruir en unos instantes, sobre todo en percepción social.
“Desde un punto de vista crítico, el tema de los gobernadores hizo mucho daño en este sexenio. Esto para mí es el mayor problema que hubo en cuanto a que se diga que hubo mucha corrupción”, lamenta.
Conocida por su disciplina de trabajo, su especialidad en leyes de transparencia y por su comportamiento ajeno a la simulación, fue nombrada secretaria de la Función Pública, la primera ratificada por el Senado, ante quien hizo el compromiso de un plan de trabajo, “que construimos de la mano de organizaciones sociales, empresariales y académicos .
“Y les entregué resultados”, concluye.