El gobierno de Graco Ramírez orquestó toda una confabulación para beneficiar a 12 empresas -que no tributan en Morelos- con la concesión del servicio de verificación anticontaminante y dejar fuera a empresarios locales que durante años se habían dedicado a esta actividad.

Para lograrlo, se coaligaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Hacienda y hasta los diputados de la LIII Legislatura del Estado, en un negocio que producirá 696 millones al año.

El objetivo de la maquinación era que un grupo de empresas previamente “palomeadas” quedara en la lista de ganadoras de la licitación a como diera lugar, para lo cual recurrieron a cosas tan absurdas como eliminar aspirantes por haber escrito el nombre del gobierno estatal con abreviaturas, o por la falta de un buzón de quejas en el establecimiento.

En contraparte, a los empresarios “palomeados”, les perdonaron que algunos tuvieran procedimientos administrativos que ameritaron suspensiones en la Ciudad de México por incumplimiento de la normatividad, y también los esperaron casi un año hasta que estuvieran en condiciones de otorgar el servicio.

El resultado de desaparecer 42 centros de verificación diseminados en todo el estado, y poner en su lugar nueve verificentros con supuesta tecnología de punta, es el congestionamiento vehicular en las entradas de cada uno de estos establecimientos, infringiendo –para empezar- los reglamentos de tránsito de los respectivos municipios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 Morelos registró 707 mil 509 vehículos, mismos que tienen la obligación de pagar 497 pesos cada seis meses para obtener el holograma correspondiente, es decir, 696 millones 188 mil 856 pesos en caso de que el 100 por ciento de esa cantidad cumpliera con su obligación.

 

LA NOCHE DE LOS MIL 865 MILLONES DE PESOS

Fue el miércoles 14 de julio de 2016, fecha programada para realizar la última sesión del primer periodo de la LIII Legislatura Local, la que se conoció como “la noche de los mil 865 millones de pesos”. Los diputados prácticamente se escondieron y trabajaron de madrugada para aprobar dos créditos bancarios que sumados dan la cantidad de mil 865 millones de pesos; pero además, reformaron la Ley del Instituto de Crédito a fin de que el gobernador tuviera el control de esa institución; hicieron lo mismo con el Fondo Morelos, y aprobaron la privatización del servicio de alumbrado público en todo el territorio morelense.

Fue en ese paquete en el que se aprobó el decreto 994, “por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en Materia de Verificación Vehicular y Emisiones a la Atmósfera”.

Al igual que las iniciativas mencionadas, ésta también tuvo la característica de que fue presentada por el gobernador el 14 de julio, fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Medio Ambiente con esa misma fecha y; fue aprobada “en Sesión Ordinaria iniciada el día 14 y concluida el día 15 del mes de julio del año dos mil dieciséis”, es decir, el análisis de la iniciativa duró apenas unas horas.

Firman el decreto los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Moreno Merino, Presidente; Silvia Irra Marín, Secretaria, y  Efraín Esaú Mondragón Corrales.

Un total de diez páginas del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fueron ocupadas para hacer alusiones a tratados internacionales, jurisprudencias, disposiciones de la Semarnat, etc., para llegar finalmente a la conclusión de que debían dejarse sin efecto las autorizaciones que databan desde 1995 y emitirse una convocatoria para nuevos centros de verificación anticontaminante.

Previamente, el 30 de junio se había publicado en el periódico oficial el decreto mediante el cual “se suspende la vigencia del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5106, segunda sección, de 24 de julio de 2013, así como su respectiva aplicación, ante su discrepancia con los parámetros contenidos en la referida Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, publicada a su vez en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio de 2016; suspensión que durará hasta en tanto se encuentre en vigor el presente decreto”.

 

LA CONVOCATORIA PARA NUEVOS VERIFICENTROS

El 2 de noviembre del 2016 se publicó en el periódico oficial del estado la convocatoria firmada por el secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras McBeath conjuntamente con el director de la UPAC, Jorge Salazar Acosta.

En ésta se mencionaba que se requiere la instalación de cuatro Centros de Verificación en el municipio de Cuernavaca con una capacidad de cuatro líneas de verificación dinámica, de las cuales una será dual con capacidad de prueba estática y diésel, todas ellas con capacidad de verificación mediante diagnóstico a bordo OBDII, instalados en un predio con superficie mínima de 1,000 metros cuadrados cada uno. La distribución de dichos Centros de Verificación se determina dividiendo al Centro Urbano de Cuernavaca en cuatro cuadrantes teniendo como punto central de los ejes, la glorieta ubicada en la intersección de las avenidas Teopanzolco y San Diego, del municipio de Cuernavaca. De esta manera se obtienen los cuadrantes Norte Poniente, Norte Oriente, Sur Poniente y Sur Oriente. Deberá existir solo un Centro de Verificación por cuadrante.

Necesidades similares se establecieron con respecto a los demás municipios hasta completar 12 verificentros en toda la entidad morelense.

Según las dependencias mencionadas, al ocho de noviembre del  año 2016, se recibieron cincuenta y siete solicitudes de autorización para participar en el citado proceso de contratación.  Con fecha 9 de noviembre del 2016, según lo asentó en el acta de fallo la convocante, fueron entregados veinticinco formatos de solicitudes de autorización, y el 16 de noviembre fue el acto de entrega de información y documentación, recibiéndose información de 23 licitantes.

Con fecha primero de diciembre del año 2016, la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos remitió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable el dictamen que servirá de fundamento para que la Secretaria de Desarrollo Sustentable emita la resolución definitiva en el proceso de contratación de mérito. Dicho dictamen fue publicado el día 7 de diciembre del año 2016.

 

SÓLO LOS FORÁNEOS PASAN

Las ganadoras de las licitaciones fueron las siguientes empresas: Corporación de Verificentros S.A. de C.V.; Verificación Santa Lucía S.A. de C.V.; Control Ecológico Vallejo S.A. de C.V.; Verificación Durango S.A. de C.V.; Verificentro Lomas S.A. de C.V.; Control Ecológico Corpus Christy S.A. de C.V.; Control Ambiental del Valle de México S.A. de C.V.; Verificación Santa Fe S.A. de C.V.; Terflosan S. A. de C.V.; Verificación Misterios S. A. de C.V.;  Impulsora Ecológica Santa FE S.A. de C.V.; y Centro de Verificación Lomas S.A. de C.V.

Ninguna de estas empresas está dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos.

Un boletín oficial del Gobierno del Distrito Federal indica que como resultado del incumplimiento en sus responsabilidades de detectar fallas en la emisión de contaminantes de vehículos que revisan, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental (DEVA) determinó desconectar 10 Centros de Verificación Vehicular (Verificentros),  que  a la fecha no han cumplido con la circular 105/2012 del 4 de septiembre de 2012, emitida por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, mediante la cual se ven obligados a brindar la conexión necesaria para el monitoreo y vigilancia remota de sus  operaciones.

En esa lista se encontraron a las empresas Verificación Santa Lucía S.A. de C.V.; Verificación Misterios S.A de C.V; Control Ecológico Vallejo S.A. de C.V. y Control Ecológico Corpus Christy S.A. de C.V., lo cual no fue tomado en cuenta.

Lo que sí resultó importante para la UPAC y la Secretaría de Desarrollo Sustentable fue, por ejemplo, que “el solicitante exhibe cheque de caja número 3964054, del 15 de noviembre de 2016, expedido por la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., a favor de “*PODER *EJECUTIVO* DEL GOB DEL EDO LIBRE YSOBERANO DE MORELOS**” (sic); sin embargo, de la consulta descrita en la consideración III.3., el Tesorero General del Estado, mediante oficio número TG/1949/2016 de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, en la parte que interesa refiere que: “… los títulos de crédito exhibidos y que traen abreviaturas tales como …, no permiten identificar plenamente al Poder Ejecutivo, ni dan certeza de que se trata de la misma persona, aunado a que no existe cuenta alguna aperturada a nombre de dichos beneficiarios, en la que el Gobierno del Estado sea Titular, trayendo consigo, la ineficacia del documento y en consecuencia, pierde la efectividad al momento del cobro”. Por todo lo anterior, es procedente calificar de NO SOLVENTE la solicitud de Federico Matamoros Quiroz, por no cumplir con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria, el Manual y el Reglamento”.

En otro de los casos, se determinó que una empresa no cumple con los requisitos “pues el ejemplar de la carpeta que debe contener las copias simples requeridas, solamente aparecen los folios 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, los demás documentos, se trata de hojas sueltas que al no encontrarse debidamente agregados a la carpeta, no permiten su estudio y en consecuencia, no dan certeza de que estos, formen parte de la misma; de la misma manera los numerales 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.15, 7.4.16, 7.4.18, 7.4.19, 7.4.20, 7.4.21, no cumple pues toda la carpeta original ni viene foliada. Al amparo de lo anterior, no se acredita la solvencia de su propuesta. Por todo lo anterior, es procedente calificar de no solvente la solicitud”.

Otra más: “al ser analizado el plano de planta arquitectónica se observó que no cumple en los puntos establecidos en el Manual, específicamente 3.1 las medidas son incorrectas, 3.3 no especifica área de entrega de resultados, 3.6 no se ubica el buzón de denuncias y sugerencias, 3.9 una línea de verificación no cumple con la superficie requerida, 3.10, señalamiento de oficinas, 3.11. Panel de avisos, 3.12, Patio de Acumulación Vehicular, 3.13, señalamientos, 3.15. sistema, no se ubica en el plano, 3.16, el teléfono de denuncias no se ubica en el plano”.

Casualmente, ninguna de las empresas que habían estado dando el servicio con anterioridad, pasó la rigurosa revisión.

Otra “casualidad” fue que las empresas seleccionadas también ganaron una licitación similar en Puebla, estado vecino de donde provienen muchas de las empresas que fueron favorecidas con contratos en el sexenio de Graco Ramírez Garrido.

 

PERMISO PARA OPERAR CUANDO ELLOS QUIERAN

El fallo del Gobierno de Morelos fue publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 7 de diciembre del año 2016, y en él se establecía que los licitantes deberán presentar una carta “bajo protesta de decir verdad” en la que se comprometería a tener en operación y con servicio al público el centro de verificación en el plazo de 90 días, es decir, a más tardar el 7 de marzo del 2017.

Pero los nuevos verificentros comenzaron hasta finales del 2017 y con muchas dificultades. Durante todo ese tiempo, las personas que necesitan entrar a la Ciudad de México en sus vehículos, tuvieron que verificar allá, arriesgarse a ser multados, o irse en autobús.

Una de las empresas que no quedaron en la lista ganadora interpuso una queja administrativa ante la Secretaría de la Función Pública.

En el documento, cuya copia obra en poder de este reportero, la empresa Grupo Ambiental Viva, denuncia que las empresas adjudicadas en el proceso de contratación de mérito, no estaban prestando sus servicios aun cuando habían transcurrido en exceso los noventa días que señala el indicado numeral 10.3.1.-  de las bases de la convocatoria de la licitación pública número 01/2016.

“Evidentemente nos encontramos ante una violación flagrante del contenido de las bases, y demás disposiciones legales aplicables, porque al día 11 de mayo del presente año, los Centros de Verificación Vehicular no se encuentran otorgando el servicio que debieron iniciar a más tardar el día siete de marzo del presente año como máximo, existiendo una mora injustificada.

“En este orden de ideas se agrega a la denuncia el elemento que se hace consistir en la presunción fundada de que los Centros de Verificación Vehicular que deben estar dando el servicio pero no ha sucedido así, pertenecen a una misma persona física, quien responde al nombre de Jorge Kahwagi Macari, por haber sido la persona que resultó beneficiada con los actos que hoy afectan a mi representada, solicitando que se revisen las mismas empresas que dan servicio en los estados de puebla, por lo que se está fomentando una actuación monopólica”, dice la queja administrativa.

 

LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, “EN CEROS”

Como ocurre en la mayoría de las dependencias del nuevo gobierno, los titulares desconocen absolutamente todo de lo que ocurría antes de su llegada.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis, no es la excepción.

“Nos dejaron un desastre, nos dejaron sin dinero, sin equipo, lo cual es un tema muy serio, por lo que habrá auditorías como lo dijo el gobernador, estamos detectando estas anomalías y estaremos presentando las observaciones”, declaró en su primera entrevista ante los medios de comunicación.

Dijo tener conocimiento de que hay diez amparos pendientes de resolver que interpusieron los empresarios locales que se vieron afectados por la resolución del gobierno anterior, pero desconoce incluso el destino de los recursos que ingresaron como parte de los derechos por ese servicio, calculados en 29 millones 467 mil pesos, según la Ley de Ingresos 2018 aprobada por el Congreso el 15 de noviembre del año pasado.