-José Vicente Loredo Méndez ordenó a su personal deshacerse de documentos comprometedores para ex funcionarios públicos
-Se sigue burlando de los diputados locales, a quienes les ha negado todo tipo de información sobre el manejo de recursos
Los diputados denunciaron que el auditor, José Vicente Loredo Méndez se deshizo de documentos valiosos, entre papelería oficial del gobierno anterior, sobre un presunto desvío de recursos.
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización “cubrió” actos presuntamente ilícitos del ex mandatario, Graco Ramírez, en contubernio con el Poder Legislativo; en específico, las ex legisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Silvia Irra Marín.
Asimismo, Loredo Méndez extravió de manera deliberada pruebas documentales, que involucraban a altos funcionarios del régimen anterior. Ordenó, de modo alevoso, que el personal cometiera esa arbitrariedad.
De lo anterior, hay videos documentales e incluso algunas demandas para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública realice las denuncias correspondientes en contra del auditor y de los empleados que realizaron la actividad reprensible.
El auditor se sigue burlando de los actuales diputados; les ha negado todo; ha hecho caso omiso a sus peticiones verbales y escritas. Continúa sin enviar las documentales solicitadas, sobre todo en las cuentas públicas del Ejecutivo y Legislativo de la pasada administración.
Por las omisiones incurridas por él, es como fue llamado a comparecer, el lunes pasado, ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. No respondió a mucho de los cuestionamientos.
En ese momento, Loredo Méndez reconoció que la mayoría de alcaldes, que serán sustituidos en el primero minuto del primero de enero del 2019, así como la administración estatal del gobernador Graco Ramírez, tienen pendientes de la cuenta pública, destacándose desvíos de recursos públicos y el reporte de entrega de obras concluidas, pero que no se ejecutaron.
Este funcionario graquista avaló los empréstitos del anterior mandatario. El anterior parlamento se sumó también a este contubernio y permitió un crédito de dos mil 800 millones de pesos, lo que endeudó al estado por un lapso de 20 años.
En su circense comparecencia, en la que escaseó la información, trató culpar a la Fiscalía General del Estado, al no ejercer ninguna sanción en torno a los malos manejos financieros de los ayuntamientos y el pasado Poder Ejecutivo.