Indalecio Benítez dice no haber aceptado nunca plata, pero tampoco quería el plomo. Locutor de una radio comunitaria en Luvianos, al sur del Estado de México, una noche de agosto de 2014 regresaba de cenar en un restaurante junto a dos de sus hijos. El pueblo estaba completamente a oscuras porque había una obra para cambiar las farolas, pero a 100 metros de llegar a su vivienda, también sede de la emisora, se dio cuenta de que había un coche aparcado frente a su casa. No le dio importancia. Era normal que algún oyente fuera a pedir canciones a la radio. Incluso de noche, después de haber tomado unas copas, había quien se acercaba para pedir que le dedicaran un tema a su novia.
A unos 20 metros de su destino, la perspectiva cambia. Desde su vehículo, ve que el coche es un taxi con las puertas abiertas con personas armadas en su interior. "Inmediatamente me di cuenta de que no eran del Gobierno porque aunque llevaban vestimenta militar, el pantalón era de otro color, tenían otra fisonomía y algunos llevaban barba y pelo largo", recuerda Benítez, de 49 años, desde el vestíbulo de un céntrico hotel de la capital comunitaria, Bruselas. El relato de aquel día se acelera desde ese momento. Cuando le ven llegar apuntan a su coche, pero Benítez escapa a toda velocidad y se interna junto a su familia en un cuartel de la marina situado muy cerca. Uno de los niños le advierte: "Dieguito se desmayó". Indalecio Benítez levanta su cuerpo. Está frío. Juan Diego Benítez, de 12 años, está muerto. En la huida, un disparo ha atravesado el automóvil e impactado en su corazón. Dos de los asesinos, miembros del cártel Guerreros Unidos, serán detenidos días más tarde. Ignoraban que esa solitaria bala había causado una muerte, y declararán que pretendían obligar al locutor a emitir un mensaje en su radio: Guerreros Unidos está en Luvianos y todo aquel que ayude a otro grupo lo pagará con su vida.
El relato de Benítez, como el de otros periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos invitados a contar su particular historia de violencia, resonó el mes pasado en el Parlamento Europeo. Entonces, el subdirector regional de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, resumió en una frase el dilema que muchos periodistas no pueden ignorar. "La prensa se encuentra en la disyuntiva que impone la lógica del sicariato: la plata o el plomo", dijo en referencia a los sobornos y el chantaje al que se ven sometidos los reporteros.
Este miércoles, el problema de la libertad de información ha vuelto a una de las salas del Parlamento Europeo. Invitados por el eurodiputado Josep María Terricabras y en presencia del embajador mexicano, algunos periodistas han reclamado a la UE que sea más contundente en su presión al Gobierno mexicano para que frene la sangría que desde el año 2000 ha costado la vida a 140 periodistas según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Algunos de los cronistas han dirigido reproches directos al embajador mexicano, Mauricio Escanero. El diplomático leyó una declaración en la que condenó los asesinatos y destacó que durante los últimos ocho años el bloque europeo y México han fortalecido su diálogo sobre derechos humanos. "México y la UE coincidimos en la importancia de garantizar que los mecanismos para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas vulnerables sean efectivos y cuenten con los recursos necesarios", dijo. Su intervención fue seguida con escepticismo por un sector de los asistentes. "Habla de ocho años de diálogo con la UE y dice que el Gobierno lamenta las muertes. México es una lamentocracia. No queremos lamentos, queremos resultados", ha exigido Gloria Ruiz, periodista del periódico coahuilense Sin Censura. México ocupa el puesto 147 de 180 países en la última clasificación de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de prensa, por detrás de Venezuela, Honduras o Sudán del Sur.
El parlamentario Terricabras, de Esquerra Republicana de Catalunya, ha lamentado las "terribles limitaciones" de la UE para cambiar la realidad de los periodistas mexicanos. Pero mostró su esperanza en que durante el mandato del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, cambie el entorno de sangre y fuego en el que muchos de ellos realizan su labor. "Algunos parlamentarios vamos a dirigirnos al nuevo presidente planteándole cuestiones que se han tratado aquí. Esperamos que responda y que la ilusión no acabe en frustración", ha agregado.
Tanto periodistas como defensores de derechos humanos creen que si la Unión Europea coopera con México y le apoya financieramente, esta tiene margen para involucrarse más y exigir a cambio avances cuantificables en su protección y en la lucha contra la impunidad que rodea la mayoría de estos crímenes.
Cuatro años después del asesinato de su hijo, y tras un periodo huido del pueblo, del que escapó escondido en un maletero ante la amenaza de que los autores del crimen fueran a por él, Indalecio Benítez sigue dirigiendo Calentana Mexiquense en Luvianos, un municipio fronterizo con Guerrero y Michoacán donde los cárteles de La Familia Michoacana y Guerreros Unidos libraron una cruenta guerra por el territorio. Es una radio humilde pero combativa. Emite a unos 15 kilómetros a la redonda y su audiencia ronda las 30.000 personas. Y desde el micrófono ha aumentado su denuncia de la falta de garantías por parte de la justicia. "Lo voy a calificar de método mexicano: en lugar de buscar a los culpables, las autoridades criminalizan a la víctima. Es la forma más fácil de evadir su responsabilidad de investigar".