Los pobladores del municipio indígena de Hueyapan amenazan con acciones violentas, en caso de que el Congreso no acelere la solución de sus demandas, que se resumen en abolir el decreto de municipalidad.
En tanto, Marcos Zapotitla Becerro, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que están analizando la manera en cómo consensuar este tema con las demás fuerzas políticas que convergen en el pleno, que mantiene a esa comunidad en un problema político.
En entrevista, expuso que hay más controversias que se deben retroalimentar, donde también están involucrados Tetelcingo y Coatetelco; sin embargo, no especificó para cuándo estarán subsanando estos temas. En los tres municipios indígenas, mencionó, se han “armonizado” los procesos de la constitución de sus concejos comunales.
Agregó que esto trasciende a los rubros del presupuesto, de la extensión territorial, de la deuda, de los pasivos, “que van a arrasar las comunidades”, así como a la seguridad y a la gobernabilidad.
El secretario de Gobierno, dijo, les ha planteado la posibilidad de “revisar minuciosamente” este tópico, “para valorar con toda certeza la conveniencia o no de que entren en funciones estos cuatro municipios indígenas”, añadió.
Zapotitla Becerro externó que por ahora este conflicto se sitúa en la mesa del titular de la dependencia referida, el cual, será enviado en breve al Legislativo. Esto, ante la desesperación de los comuneros, quienes han declarado que el ex mandatario, Graco Ramírez, los metió en una atmósfera de descontento.
Agregó que debe plantearse una iniciativa, que surja de la Comisión de Asuntos Indígenas, a fin de hacer las modificaciones correspondientes y valorar y “estar en condiciones de determinar si es factible de acompañar esta propuesta del Ejecutivo”. Por tanto, existe la posibilidad de que el primero de enero próximo se reconozca la existencia jurídica de estos pueblos.
Lo de Hueyapan es un “conflicto histórico”; es de arraigo, desde hace “cientos de años”. Y remató diciendo que no visualiza que en 40 días pueda haber jun acuerdo respecto a la división territorial en estos cuatro municipios. Los diputados anteriores, opinó, no avanzaron ni vincularon “esto a un sistema gubernamental, que incluía al gobierno federal, al gobierno del estado y el Legislativo, para poner orden”.
Denunció que sus antecesores tomaron este conflicto como un estandarte electorero y no de carácter social.
Por su parte, la diputada Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institutcional, precisó que no se les van a proporcionar recursos financieros ni se analizarán sus respectivas leyes de ingresos y egresos, a consecuencia de que no existen en la Constitución Política del Estado de Morelos.