En abril de 2017 la oficina de la Presidencia de México pidió a la empresa Buendía & Laredo que realizara una encuesta a nivel nacional para preguntar si sería benéfico o perjudicial para la imagen de Enrique Peña Nieto detener a los exgobernadores prófugos acusados de corrupción y si éste debía hacer cambios en su partido, el PRI, envuelto en una profunda crisis por la pérdida de poder territorial. También se buscaba saber qué tanto había afectado a la imagen presidencial el desempeño de los gobiernos priistas, el trabajo del gabinete y las reformas estructurales aprobadas al inicio del sexenio. Ese sondeo fue tan solo uno de los 975.000 cuestionarios que mandó aplicar Peña Nieto para consultar temas tan diversos como la corrupción, la inseguridad, las elecciones presidenciales, la detención de capos, la imagen de López Obrador, la legalización de la marihuana y el mundial de futbol, entre muchos otros.

 

Este diario solicitó a Presidencia las encuestas aplicadas durante la actual gestión, pero sólo consiguió los cuestionarios aplicados. La oficina del Ejecutivo clasificó como reservados los resultados de los sondeos hasta finales de 2018 —una vez que Peña Nieto deje el Gobierno— porque darlos a conocer antes podría afectar las políticas públicas o decisiones de gobierno. La reserva fue avalada por el Instituto Nacional de Transparencia, el órgano que determina los alcances del acceso a la información en el país. De la información entregada se desprende que el Gobierno contrató a 14 empresas para realizar los estudios de opinión con un costo de 345 millones de pesos (unos 19 millones de dólares). Entre las compañías figuran firmas como Consulta, Ulises Beltrán y Asociados, de la Riva Investigación Estratégica, y Buendía y Laredo.

En una revisión hecha a los cuestionarios sobresalen las preguntas enfocadas a la corrupción. Por ejemplo: se cuestionó a los entrevistados si estaban enterados de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, estaba acusado de un desvío multimillonario de recursos; si la detención del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue mérito del Gobierno mexicano o de Panamá y si debía ser extraditado; y si sabían que el exmandatario de Chihuahua, César Duarte, se encontraba prófugo de la justicia. “¿Usted cree que César Duarte es inocente o culpable?”, se consultó. También se preguntó si la corrupción era la causa o la consecuencia de todos los problemas que había en el país.

Para Francisco Abundis, director de Parametría, una empresa dedicada a la medición de opinión pública, Peña Nieto nunca hizo caso a los resultados de sus propios estudios. “Este Gobierno ignoró a la opinión pública, no gobernó con ella y basta ver cómo están los niveles de aprobación presidencial”, afirma. En temas como Ayotzinapa, la Casa Blanca o las reformas estructurales eran incomprensibles las decisiones de comunicación del presidente. A diferencia de sus antecesores Felipe Calderón y Vicente Fox, que muchas decisiones las adaptaban a los resultados de las encuestas, Peña Nieto parece que siente cierto orgullo de haber tomado decisiones que representaron un alto costo. “No deja de sorprenderme esta indolencia e indiferencia con los temas de opinión”, expresó.

Seis años de encuestas

Una de las primeras preguntas que realizaron los encuestadores contratados por Presidencia fue para saber si el Gobierno debía darle mayor prioridad a generar empleos o a disminuir la inseguridad. A ese tema le siguieron preguntas sobre el Pacto por México, que en esos meses catapultaba la imagen de Peña Nieto. La Presidencia quería saber si el acuerdo era visto como un logro individual de Peña Nieto o un trabajo conjunto de los partidos políticos. Pronto llegarían a los cuestionarios temas como la reforma educativa, energética, hacendaria y de telecomunicaciones. “¿Usted cree que se debe abrir por completo el sector energético a la inversión privada para que se modernice, sólo se debe permitir la inversión en algunos proyectos o no se debe permitir?”, se cuestionó.

En septiembre de 2013 la seguridad y la situación económica eran los principales problemas del país, se expone en un estudio cualitativo. “Dos terceras partes de la población consideran que la situación económica, política y de seguridad están peor o igual de mal”, se resalta en el documento. La desaprobación presidencial comenzaba inquietar a los asesores de Peña Nieto. El mandatario tenía en ese entonces una aprobación del 57%, muy por debajo de la que gozó Salinas para el mismo periodo (70%) y de la que tuvieron los expresidentes panistas Vicente Fox (62%) y Felipe Calderón (64%). Años después la aprobación tocó niveles más bajos (15 puntos,) recuerda Abundis, tras el aumento en los precios de las gasolinas. “Eso se llama crisis política y en muchos países de la región significaba casi la renuncia al cargo, pero aquí era un número más”, cuestiona.

Al cumplir el primer año de gobierno, a principios de diciembre de 2013, se preguntó a los mexicanos qué es lo que había hecho mejor como presidente Peña Nieto. En las opciones de respuesta se mencionaba: los pactos con otros partidos, la seguridad, las reformas estructurales, la detención de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, mentir, gastar dinero, pasearse, equivocarse cuando habla, exhibirse en televisión, viajar y descuidar al país, no controlar a los maestros o vender Pemex. Cada año se cuestionaba si Peña Nieto tenía las riendas del país o si las cosas se le estaban saliendo de control.

Seguridad, la tarea pendiente

En un estudio cualitativo realizado a finales de 2013 se hacía énfasis en que el 70% de la población consideraba que la seguridad estaba peor o igual de mal que hace un año. Después de la captura del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, la firma expone que las teorías del complot y la desconfianza hacia el gobierno eran mayores que el reconocimiento de acciones en materia de seguridad. En otra encuesta se preguntó si la captura de Dámaso López, considerado el sucesor de la organización de El Chapo, se debía al trabajo de inteligencia de las autoridades mexicanas o a la colaboración con el Gobierno de EE UU. “El Licenciado cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y lavado de dinero, ¿usted cree que el Gobierno debe permitir que se lo llevan o debe ser juzgado en México?”.

El tema de seguridad ha estado presente en las consultas durante los casi seis años de esta administración. “En su opinión, para resolver el problema de inseguridad en el país, ¿a qué debe darle prioridad el gobierno: al combate frontal contra el crimen organizado o acciones en materia de salud, educación y empleo para prevenir el delito?”, se cuestionó en abril de 2017. Las firmas también sondearon si consideraban que los carteles del narcotráfico habían llegado ya a la Ciudad de México, qué tanta presencia del crimen organizado había en las policías locales, y si para reducir el narcotráfico había que legalizar el consumo de drogas o se tenía que combatir al crimen con los militares en las calles.

Una de las crisis más fuertes del sexenio fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la cuestionada versión de la Fiscalía sobre su paradero. En los estudios aplicados se preguntó a los mexicanos en 2015 si estaban enterados del caso, si sabían que un Grupo de Expertos Independientes visitó México para investigar la desaparición y si un año y medio de indagatorias por parte del GIEI era tiempo suficiente para tener conclusiones sobre el caso. “Con lo que sabe o ha escuchado dígame, ¿usted cree que los hallazgos del Grupo de Expertos ayudaron o no ayudaron para resolver el caso de los normalistas?”. El año pasado se volvió a tocar el tema en los sondeos para consultar a los ciudadanos cuál seguía siendo el problema más grave del país: si la corrupción, la seguridad, el desempleo, la desigualdad o el caso Ayotzinapa.

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