-Acuerdan de manera unánime sobreseer el caso, interpuesto en el año 2016, cuando fungía como alcalde de Cuernavaca
-Se solicitaba que dejase el cargo que desempeñaba en el ayuntamiento capitalino; el abogado Raúl Carrancá y Rivas fue quien lo instrumentó
El diputado José Casas González, del Partido del Trabajo (PT), por acuerdo de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, sometió al pleno solicitar el sobreseimiento de juicio político contra Cuauhtémoc Blanco cuando era alcalde de Cuernavaca en 2016. La votación fue unánime, a favor.
El expediente, de 417 fojas, pedía que fuera separado del cargo de edil, en 2016. Raúl Carrancá y Rivas fue quien lideró este asunto. El 11 de febrero del 2017, Blanco Bravo formuló sus alegatos y, después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el análisis de este tema. El eje central eran los requisitos de elegibilidad para ser alcalde de Cuernavaca.
No obstante (continuó el legislador), cumplió con los requisitos para la investidura de mandatario estatal, que fue avalado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Ha sobrevenido una causal de improcedencia; esto no llevaría a nada “práctico”, acotó. Entonces, sí cuenta con los elementos legales.
En ese sentido, el Congreso se desiste de los hechos denunciados. Esto se turnó al Tribunal de Justicia. Se dio vista por oficio de la esta solicitud. Y se notificó al ahora gobernador.
Héctor Javier García Chávez, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en tribuna, dijo que la aplicación de la justicia no debe ser como una venganza política. Recordó el caso, en 2005, de López Obrador, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Agregó que al ahora presidente de la República fue perseverante. “La venganza política para eliminar a los adversarios divide a la sociedad”. En una congruencia política, el mandatario mandará una iniciativa preferente para que se apruebe el desafuero a esta figura, dijo. La única causal para desaforar al presidente era por traición a la patria. Ahora, la reforma irá en otro sentido, agregó.
Dijo que quisieron detener la carrera política de Blanco Bravo. La falta de residencia no fue tal. La legislatura pasada, con consigna, le dio cabida al juicio político, expuso. “Tenemos que transitar a un estado de derecho”. Comentó, que el actual gobernador superó los obstáculos que le pusieron. No somos partidarios de que la justicia se aplique de modo “faccioso”.
Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo, expresó que no permitirán la persecución política. El juicio político no tuvo “fundamento”, finalizó.
Posteriormente, antes de declarar un receso, Omar Alfonso Barrera Hernández fue designado como Director del Instituto de Investigaciones Legislativas.