-Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez son responsables de la constante violación a la ley, acusan
-Los califican de protectores de Graco Ramírez; no tienen la confianza de los ciudadanos, argumentan
Se suman más de una docena de organizaciones y asociaciones de abogados a la petición que hizo el titular del Poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al Congreso del Estado, para destituir a los Fiscales General, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por la constante violación a la Ley, no tener la confianza de la ciudadanía y por haber sido investidos en el cargo mediante actos irregulares y como protección del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.
La controversia por destituir a los dos Fiscales que fueron designados durante el gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, provocó además, que diversas agrupaciones de profesionistas del derecho se hayan pronunciado por su salida inmediata ante el daño que le están ocasionando a la sociedad morelense con su complicidad y su actuar, como se ha registrado en el tiempo que están al frente de estas dependencias.
Los litigantes expresaron de forma contundente su apoyo a la petición que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizó a los integrantes de la LIV Legislatura local, a fin de que procedan a la destitución del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara y del responsable de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez.
La pretensión de remoción de los servidores públicos mencionados, no obedece a un simple capricho, argumentaron que se sustenta en suficientes elementos jurídicos y éticos que evidencian que dichos funcionarios, en su necedad de permanecer como fiscales, sin importarles que incurren en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por las razones que a continuación se enumeran: “Documentalmente el diputado José Casas González, acreditó que ni el Fiscal General, Uriel Carmona, como tampoco el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Juan Salazar, han cumplido con la aplicación y aprobación de la Evaluación de Control y Confianza. Además de que ambos no han dado resultado alguno en la importante función que les fue encomendada, pues durante el ejercicio de sus respectivos cargos, sólo ha habido impunidad y corrupción, por lo que de manera voluntaria y por dignidad deberían renunciar”, coincidieron.
Más aún, cuando los dos fiscales fueron designados en procesos obscuros y amañados, sin tomar nunca la opinión de las agrupaciones de profesionistas y abogados morelense, y mucho menos de la sociedad en general, ya que en el caso de Uriel Carmona, en el mismo día en que se publicó la reforma a la Fiscalía General del Estado, sin convocatoria alguna, ni explicación, salió de su notaría para ser Fiscal General; y él a su vez, en la primera oportunidad, ratificó a Juan Salazar, cuando éste ya había dado evidentes muestras de ineptitud y carencia de conocimientos en materia de combate a la corrupción y no reunir el requisito Evaluación de Control y Confianza.
Además, reiteran que Uriel Carmona no puede pretender permanecer como notario con licencia y ser procurador al mismo tiempo ya que fue favorecido por el ex gobernador Graco Ramírez, con una patente de notario -misma que se encuentra controvertida judicialmente-, y luego simplemente se convirtió en Fiscal General, encargando la Notaría Pública a su esposa, con violación de las más elementales reglas de la ética y prestigio del que deben estar investidos quienes cuentan con una patente.
Mientras que en el caso de Juan Salazar, siempre fue uno de los consentidos del corrupto ex gobernador Graco Ramírez, por lo que no puede actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, pues el tabasqueño primero lo designó como titular de Consejería Jurídica del Gobierno y luego (el 27 de agosto de 2015), lo convirtió en Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, esto con la complicidad de la mayoría de la pasada LII Legislatura local. A pesar de su ineficiencia y de que utilizó el cargo para cobrar venganza en contra de los detractores del ex mandatario, el Fiscal General, Uriel Carmona, lo ratificó por otros 7 años más sin ningún sustento legal, laboral o profesional y por si eso fuera poco, la pasada administración le garantizó una pensión vitalicia del ciento por ciento, cuando deje el cargo.
AL final, refirieren que no tienen confianza en el Fiscal Anticorrupción, el tiempo de Juan Salazar Núñez ya se terminó, tiene que tener dignidad política y presentar su renuncia, de ahí que les han solicitado a los diputados cumplan sus promesas de campaña y actuar en consecuencia.
Las organizaciones que se suman a la propuesta del titular del Poder Ejecutivo para la destitución de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, son: Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales (FECAP); Barra de Abogados; Consejo Estatal de Abogados de Morelos; Colegio de Abogados de México, sección Morelos; Grupo Amigos de Cuauhnáhuac; Colegio de México, Capitulo Morelos; Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Morelos. A.C.; Abogados del Estado; Abogados de Mediación en el Estado; Colegio de Abogados Fiscalistas; y la Asociación Atrévete Cuautla; Fundación Superando Límites A.C.