El Gobierno de México está convencido de que la migración supone un desafío que va más allá de contemporizar los tuits de Donald Trump. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha asumido que las caravanas de migrantes que atraviesan el país son el principal desafío en política exterior. Por ello, desde que logró la victoria el 1 de julio, ha trabajado en un plan para buscar una salida a los migrantes que abandonan sus países, junto a Guatemala, El Salvador y Honduras que, de la mano de la CEPAL, se presentará este lunes en la cumbre migratoria de Marrakech. Sin embargo, el desarrollo de la estrategia, de por sí ambiciosa, conlleva un reto mayúsculo: convencer a Estados Unidos de que se involucre y así dotar al plan de mayor peso.
El objetivo de México es convertir en oportunidad lo que, hasta ahora, se ha considerado un desafío. Se calcula que más de 200.000 migrantes transitan de forma irregular cada año por el país. A la crisis económica se suma la violencia y la inestabilidad política en países como Honduras y el aumento en los migrantes climáticos que huyen de Guatemala. Ante la insostenible situación de Centroamérica, México pretende erigirse en garante de sus vecinos para lograr los recursos necesarios.
El modelo que se presentará al mundo en Marruecos tiene numerosas aristas. México pretende flexibilizar las condiciones de los centroamericanos para obtener un visado y poder permanecer legalmente el país. México considera que el tamaño del país, casi 130 millones de habitantes y un millón de migrantes frente a los más de 4 millones que, por ejemplo, tiene Alemania con una población de 82 millones de habitantes, permite sin grandes sacrificios incorporar al mercado de trabajo no solo a quienes han ocupado estos días las noticias al atravesar juntos el país en una caravana hoy estancada en Tijuana, sino a los que están por llegar. Con esa flexibilidad, el Gobierno calcula que la migración crecerá entre un 10% y un 15%. El plan de regularización permitiría a todos ellos acceder a los programas de salud a educación pública y proyectos sociales.
Otro de los frentes que pretende el plan es la puesta en marcha de varios megaproyectos de obras públicas. Según las fuentes consultadas, el primero de ellos sería la construcción de la refinería de Dos bocas, en Tabasco, cuyas obras comenzaron este domingo; después el tren Maya, el tren del istmo y los planes de reforestación en Chiapas. En cada una de esas obras, según los datos que maneja la Cancillería, se emplearían a unos 10.000 trabajadores y, al menos la mitad, serían centroamericanos.
A la par, comenzaría un plan de cooperación público privado, aún por definir, que incluye desde la remodelación de quirófanos en Honduras, la formación de personal de Protección Civil en El Salvador o la construcción de un gaseoducto que ayude a bajar el precio de la energía en la región. En paralelo se producirá el desembarco de algunas de las empresas más potentes de México como Cemex, Femsa, Telmex o Elektra, quien participa en el diseño del plan.
López Obrador quiere que el plan comience a operar a finales de enero y prevé que en dos años se perciba los efectos con descenso de la curva migratoria. Para ponerlo en marcha a la mayor brevedad, desde su arrolladora victoria electoral se han celebrado más de 20 reuniones entre el equipo del nuevo canciller, Marcelo Ebrard, y sus contrapartes de El Salvador, Honduras y Guatemala, siendo este último el país más reacio en las negociaciones.
El éxito del proyecto, no obstante, pasa por convencer a Estados Unidos de que se involucre con inversión directa en los países de origen y en el sur de México. Para lograr esa suerte de Plan Marshall que se negocia en paralelo con la Casa Blanca, en México confían en el liderazgo de López Obrador y en una fructífera relación con su homólogo estadounidense, que ambos han celebrado pero que aún no se ha llevado a la práctica más allá de los buenos deseos. Un escalón más abajo por debajo, el canciller, Marcelo Ebrard, maneja dos interlocuciones, la del secretario de Estado, Mike Pompeo, y la de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, con una posición más dura que el primero. “Escepticismo” es la palabra que más se repite entre los allegados a López Obrador sobre el futuro de las conversaciones con Estados Unidos.
En el Ejecutivo mexicano existe la creencia de que los ataques de Trump se intensificarán a partir del verano, cuando comience la campaña por la reelección, para afianzar su agresivo discurso entre sus votantes más fieles. Actualmente la cooperación de Estados Unidos se basa en el plan Frontera Sur por el que se dota de formación y material de vigilancia fronteriza. México trata de convencer a Trump de que los casi 500 millones entregados en el marco de la Iniciativa Mérida se destinen a proyectos de desarrollo dentro y fuera de México.
México trabaja con un informe redactado conjuntamente con CEPAL que entre otras cosas, recoge las aportaciones de la emigración. “Los inmigrantes tienen ocupaciones diferentes: construcción y agricultura y los flujos migratorios tienen poco impacto en los niveles salariales de los trabajadores domésticos. Según este informe de permitir un mayor flujo migratorio, Estados Unidos crecería al 0,33% más al año frente al 0,27% en caso de una mayor restricción”. Según el estudio, las deportaciones de centroamericanos desde México aumentaron un 85% entre 2014 a 2016 tras la implementación del Programa Frontera Sur. El número de migrantes guatemaltecos arrestados en la frontera de los Estados Unidos se duplicó entre 2017 y 2018 y Honduras evidenció un fuerte crecimiento del flujo migratorio.