Juan Salazar Núñez confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González, confirmó que ya cuenta con una suspensión para evitar su remoción y adelantó que avanzan las indagatorias contra ex funcionarios graquistas, pero no puede judicializarlas porque el Poder Ejecutivo no aporta todavía las pruebas que dijo tener para someterlos a proceso penal.

El fiscal anticorrupción acudió a la delegación en Morelos de la PGR, a iniciar una carpeta de investigación contra el legislador del Partido de Trabajo por divulgar información confidencial y tergiversarla para insistir en su remoción.

Aseguró que el diputado (quien aseguró que ni Salazar Núñez ni el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, cuentan con evaluaciones de control y confianza), incurrió en un delito al revelar y manipular información clasificada.

Explicó que de acuerdo con los artículos 56 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los datos que obran en los expediente de evaluación y certificación están clasificados como reservados y su difusión es un delito contra la seguridad nacional considerado como grave que se castiga hasta con ocho años de prisión.

Afirmó que el intento de remoción obedece a presiones políticas y aseguró que hasta julio pasado la ley lo exentaba de los exámenes de control de confianza, pero tras las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, fue incluido en el proceso obligatorio de certificación y su evaluación está en curso.

Confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito le concedió una suspensión provisional que impide su remoción del cargo y advirtió a sus detractores que “si actúan en la ilegalidad, seguirán cometiendo más delitos, seguirán cometiendo más atropellos y, bueno, están las instancias como la PGR, como las instancias de amparo y tendremos que recurrir a todas ellas para que no se nos sigan violando nuestros derechos”.

También exhortó a quienes lo acusan de funcionario ineficiente a sustentarlo con pruebas y acusó que el Poder Ejecutivo es responsable de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no pueda judicializar las 22 carpetas de investigación iniciadas contra ex funcionarios graquistas.

“Los exhorto señores diputados que se presenten en la fiscalía anticorrupción a presentar todas la pruebas que dicen tener. Los exhorto señores diputados, prueben que no avanzamos, prueben que estamos siendo omisos”.

“Igualmente al Poder Ejecutivo del Estado se les ha requerido, ellos solicitaron una prórroga; no quisiera yo mediatizar esto ni hacer polémica, pero si es necesario voy a presentar los escritos en los que se han excusado, se han justificado y han pedido prórroga, lo saben ustedes señores del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros hemos avanzado y llevado a cabo todas las diligencias que son necesarias, es atribuible al Poder Ejecutivo el que hasta el momento no se puedan judicializar. Ellos han pedido prórrogas, se han justificado de esa manera, pidiendo que se les dé la oportunidad de allegarse de las pruebas y por ello es que no se han judicializado”.

Insistió en que continuará con su defensa jurídica ante los tribunales y aseguró que recurrirá a todas las vías legales posibles.