En su lugar se crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación; tendrá más facultades; proyecto ve al magisterio como “agente primordial de transformación social”; sí habrá mediciones del desempeño docente, pero formativas
La iniciativa para cancelar la Reforma Educativa que el Gobierno federal presenta hoy desaparece el actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.
De acuerdo con información que obtuvo La Razón, este nuevo organismo contará con nuevas competencias, entre las que destacan la determinación de estándares e indicadores de resultados, así como la certificación del desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación.
Además, podrá fijar lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente, así como para la gestión profesional del sector, aplicable a directores y supervisores.
Igualmente tendrá como facultad realizar estudios, mediciones e investigaciones especializadas.
El INEE actualmente tiene como responsabilidad central, de acuerdo con sus lineamientos, “evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.
“Habrá mediciones y valoración del desempeño profesional que serán para mejorar el ejercicio docente”
Iniciativa de Reforma Educativa
Es por lo tanto la entidad encargada de verificar que los procedimientos para ese fin se realicen en tiempo bajo parámetros establecidos, y ha sido también señalada como la principal articuladora de la Reforma Educativa de la administración anterior.
El nuevo Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio, de acuerdo con la propuesta, contará con un Consejo Consultivo que tendrá como encargo realizar un programa indicativo de 30 o 40 años, el cual permitirá dar continuidad a la política educativa federal.
Otra de las novedades de la iniciativa es que pretende hacer una “revalorización social” de los maestros a través de un nuevo Servicio de Carrera Profesional del Magisterio, al cual denomina “agente primordial de la transformación social”.
En diversos posicionamientos los maestros y sus representantes han señalado que no se oponen a la evaluación cuando ésta es formativa y se acompaña de programas de capacitación y actualización, por ello, según el texto que será enviado al Congreso, “habrá mediciones y valoración del desempeño profesional para mejorar el ejercicio docente”.
Establece en esa lógica que la autoridad no renunciará a su responsabilidad de ser rectora del Estado en materia educativa, ni las organizaciones sindicales a defender los intereses de sus agremiados.
Por otra parte, establece una nueva redacción al artículo 3 Constitucional en la que incluye a las niñas, niños y jóvenes como “el interés supremo de la educación que imparte el Estado”; y agrega a los principios tradicionales de la educación: gratuita, laica y obligatoria, los de universalidad, equidad y excelencia.
La premisa de esta reforma es subsanar dos errores que se cometieron en la administración anterior: la evaluación “punitiva” y el no considerar a todos los actores involucrados en el sector.
Además argumenta que esa reforma fracasó en su principal objetivo que era mejorar el desempeño de los estudiantes, de lo cual dan cuenta los resultados de las pruebas PLANEA, de carácter nacional y PISA, de índole internacional.
En ese sentido, promoverá crear contenidos y políticas diferenciadas de carácter regional, incorporar “educación bilingüe y bicultural para combatir las desigualdades sociales, de género y regionales”, así como fortalecer las escuelas normales y de educación superior.
Establece la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, civismo, historia y cultura, entre otros. Entre los contenidos sociales destaca que en las escuelas de educación básica ubicadas en zonas vulnerables se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja.