Los funcionarios responden a los intereses de Graco Ramírez, acusan
Cuernavaca, Mor., Unos 200 familiares de víctimas de la violencia y representantes de organizaciones civiles marcharon ayer en esta capital para exigir las renuncias del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, y del fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, debido a que 98 por ciento de las investigaciones no han llegado a una sentencia y porque ambos funcionarios “responden a los intereses del ex gobernador Graco Ramírez.
“No garantizan imparcialidad en la procuración de justicia, no cumplen con los perfiles, no acreditaron los exámenes de control de confianza, y sobre todo, defienden todas las aberraciones que hubo durante la administración de Graco Ramírez.
Hemos visto un ambiente de terror en Morelos. Los feminicidios, los homicidios, los delitos patrimoniales y los hechos relacionados con la delincuencia organizada se han triplicado
, afirmó el director general del Observatorio Penitenciario del estado, Cristian Montero Montero.
La marcha partió de la avenida Emiliano Zapata a la Fiscalía General del Estado, donde los inconformes repudiaron a los fiscales de Graco Ramírez
, quienes “representan la continuidad de su administración“. Posteriormente, acudieron al Congreso del Estado y concluyeron con un mitin frente al palacio de gobierno.
Tenemos 98 por ciento de impunidad en Morelos. Consideramos que tanto el fiscal general como el anticorrupción no cumplen con su labor
, dijo Montero.
Recalcó que la impunidad y las irregularidades en los casos no resueltos son causa suficiente para que los dos fiscales sean destituidos de inmediato, pues han obstruido la justicia para los morelenses y han incurrido en omisión de responsabilidad
.
Los manifestantes demandaron que los diputados Javier García Chávez, de Morena, y la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz dejen de defender a Graco Ramírez. Al gobernador Cuauhtémoc Blanco le exigieron la destitución de ambos fiscales para que pueda hacerse justicia por los presuntos desvíos de recursos en la pasada administración.
También pidieron que se revise el nombramiento del almirante José Antonio Guarneros, comisionado de Seguridad Pública, porque de octubre a la fecha suman 185 homicidios y han aumentado los asesinatos de mujeres.