El gobierno estatal iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada.
El gobierno estatal actual iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada. Ahora se trata de recursos que estaban destinados al Morebús, por un monto aproximado de 20 millones de pesos.
El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que sigue la conformación de expedientes y se estructuran las denuncias, que serán formuladas ante las instancias competentes hoy y en los próximos días.
Apuntó que entre ellas se encuentran algunas derivadas de la revisión que ha hecho la Secretaría de Movilidad y Transportes, “en algunos temas relacionados con el otorgamiento de algunas concesiones” de forma irregular.
Otra de éstas está vinculada al proyecto Morebús, cuyo programa quedó a medias, “porque se invirtieron algunas cantidades de dinero y por motivo del sismo se tuvo que suspender ese proyecto, pero se está revisando porque se advierten algunas anomalías con relación a la aplicación de recursos”. Justamente, el proceso legal tendría como fin establecer a qué se destinaron algunos de esos fondos por alrededor de 20 millones de pesos.
Explicó que algunas de las denuncias se entregaron ante la Secretaría de la Contraloría, pero eso no implica que no se continuará el procedimiento por la vía de la fiscalía anticorrupción y, en un momento dado, se podría convertir en asunto penal. Entre ellas, las que inició el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado por la asignación de un crédito para la compra de un vehículo por 600 mil pesos, al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.
“Se ha trabajado en los dos aspectos, administrativo y en el área penal; hay dos denuncias, una en la contraloría y otra en la fiscalía”, expresó al exponer que la instrucción del gobernador es que se aplique la ley.
Por otra parte, el consejero dijo que no han sido notificados de la decisión del Congreso local respecto a la solicitud que entregó el Poder Ejecutivo para la remoción de los fiscales anticorrupción y general del estado. Comentó que hasta donde se ha enterado, los legisladores han expuesto que hay una suspensión de un juzgado federal que les impide sesionar para deliberar sobre el asunto.
“Pero eso está en manos del Congreso del estado. El gobernador cumplió con su responsabilidad de proceder, al tener conocimiento de una conducta grave, tal y como lo señala la ley general de responsabilidades de los servidores públicos y haber designado a funcionarios que no cumplían con los requisitos para ocupar un cargo de esa naturaleza por no contar con los exámenes de control y confianza”, argumentó, al insistir en que esperarán a conocer la respuesta del Legislativo para definir lo conducente.